https://t.co/JQQvXpwIagAutora: Andrea Diez González | Profesional dedicada por una geopolítica feminista en pro de los derechos humanos y la salud mental, en especial la protección de los menores.
Existe una pandemia que hemos silenciado durante largo tiempo y que ahora tiene sus peores consecuencias. Nos hemos acostumbrado a tenerlo todo a golpe de clic y esa inmediatez de las cosas hace que no toleremos un NO en nuestras vidas, lo que nos lleva irremediablemente a saltar toda norma.
El capitalismo global ha fraguado en la sociedad una nueva forma de tráfico humano y que se está legalizando bajo la premisa del derecho a la maternidad y la paternidad, así como la concepción de “no hay nada más feminista que una mujer ayudando a otra mujer”. Acepción errónea ya que, en la gestación subrogada prima el deseo por encima del derecho, mediante esta práctica fomentamos no solo la cosificación de la mujer, la mercantilización de los menores y la deshumanización de la maternidad sino también se produce una diferencia cada vez más notable de clases entre pobres (madre gestante) y ricos (compradores de vientre de alquiler) fomentando el capitalismo ultraliberal y cultivando una libertad irreal ,debido a que solamente aquellas personas que tienen dinero tienen pleno poder de decisión.
La falta de unanimidad en materia legislativa y normativa existente en los dispares países del mundo ha impulsado el ya bien conocido como turismo reproductivo o de fertilidad. Un tipo de viaje médico, consistente en transitar a otro país con el fin de obtener servicios sanitarios que son ilegales en el país de origen pero legales o permitidos con ciertas restricciones, en el país de destino (García Amez & Martín Ayala, 2017). Algunos países como Ucrania están recibiendo cada vez más parejas compradoras gracias a la apertura de su legislación y a que los costos son más baratos pero es en Europa del Este dónde más claro encontramos el negocio debido a que el genotipo es realmente parecido al nuestro.
Partiendo del supuesto que la gestación subrogada en España no es legal en virtud del artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, ya que, serían nulos de pleno derecho todos los contratos por los que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante. En el año 2010 la Dirección General de los Registros y del Notario emitió una resolución en la que se abrió la puerta a la inscripción en el Registro Civil español de aquellos menores fruto de esta práctica en otros países, siempre y cuando existiera sentencia o resolución judicial que acreditara la filiación del menor, así como el cumplimiento de los derechos de la gestante como nos indica Marrades Puig.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha manifestado sobre estos casos y ha condenado a Francia en varias ocasiones por negarse a inscribir a menores fruto de vientres de alquiler. Argumenta que negarse a reconocer filiación biológica de los hijos con sus padres por el hecho de haber recurrido a esta técnica iría en contra del derecho fundamental al respecto de la vida privada consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal Supremo en cuanto a los derechos del niño ha abierto un debate centrándose en el hecho de que, a pesar de la nulidad de este tipo de contratos el menor no puede quedar desprotegido y desamparado legalmente, esto explicaría porque los progenitores pueden recibir ayudas, como la prestación por maternidad, que no va destinada a la madre sino al menor.
En la página web Surrogacy 365 nos dicen de Ucrania: “Este destino cuenta con la más completa y segura ley de gestación subrogada del mundo. Las gestantes tienen prohibido reclamar la maternidad y no tienen ningún derecho ni obligación sobre el bebé. Se considera que el bebé que es concebido en su cuerpo pertenece a los padres de intención desde el estado de blastocito. Para aplicar a este destino los requisitos son: Ser una pareja heterosexual casada; Como mínimo, el padre ha de aportar su material genético; La madre de intención ha de tener una razón médica que le imposibilite quedar embarazada o llevar a término el embarazo.”
En este primer párrafo de presentación se habla de las condiciones, de los derechos de los padres de intención y de la madre gestante, pero ¿y los derechos del bebé?
En el año 2019, como nos indica el digital El Confidencial, la Fiscalía ha pedido a Kiyv investigar la empresa de vientres de alquiler con sede en España para tratar de determinar si se cometen actividades ilegales empleando como puente el territorio español. Fue uno de los casos más controvertidos que podemos encontrar, en el que numerosas familias españolas se quedaron atrapadas ante la negativa por parte del Consulado de España en Ucrania de inscribir a los menores en el Registro Civil Español. En Ucrania saltaron las alarmas tras el hecho de que la Fiscalía ucraniana decidiera mantener abiertas las investigaciones judiciales por un posible tráfico internacional de menores.
Las posturas están totalmente enfrentadas, pues de un lado, tropezamos con las personas que argumentan que su regularización provocaría una mercantilización del cuerpo de la mujer y por otro, aquellos que defienden que el Estado no debe tener la capacidad de decisión sobre un asunto privado. Pero la no legalización fomenta que continúe pasando, incluso en condiciones sanitarias sin control alguno poniendo en riesgo muchas vidas y dejando totalmente desprotegidos a los menores.
En la actualidad, 21 bebés nacidos por gestación subrogada se encuentran en el sótano de un hospital atendidos por enfermeras. Vidas que han nacido en medio del horror de una guerra, sin ningún vínculo afectivo esencial que garantice a futuro la salud mental del niño. Se enfrentan desde antes de nacer a un proceso de pérdida de derechos que son inherentes al ser humano.
A cada bebé que se encuentra en un refugio nacido por gestación subrogada en medio de esta guerra se le ha privado de afecto, seguridad y protección. Son vidas vulnerables que ahora no pertenecen a nadie, la madre gestante pierde tras el parto toda vinculación y los padres de intención no tienen ningún medio legal de registrar al menor, recordemos que todas las embajadas y consulados se encuentran cerradas.
Las preguntas son: ¿Quién va a proteger a estos menores de las mafias?¿Por qué los hijos de otros padres pueden ser acogidos en casas de españoles y estos menores se han quedado solos en medio de una guerra si tienen familias esperando?
