La vicesecretaría Jurídica de VOX ha interpuesto una denuncia, en la Fiscalía provincial, por la concesión del tercer grado de Francisco Javier Almeida, quien el pasado 30 de noviembre, mientras disfrutaba de este beneficio penitenciario, asesinó a un niño de nueve años en Lardero (La Rioja)
La formación que preside Santiago Abascal explica que, en 1993, Almeida fue condenado a siete años de cárcel por agredir sexualmente a una menor. Sin embargo, en mayo de 1997 fue puesto en libertad condicional y en agosto de 1998- también mientras disfrutaba del tercer grado penitenciario-, violó y asesinó a una agente inmobiliaria.
Tras el asesinato de 1998, Almeida fue condenado a 30 años de prisión. Pero de nuevo se le concedió la libertad condicional en 2021, y, de nuevo, mientras disfrutaba de este beneficio penitenciario, asesinó a un niño.
Marta Castro, vicesecretaria Jurídica Nacional, señala en su escrito que en 2017 “se evacuó informe desfavorable a la solicitud de tercer grado”. Frente a aquella negativa, Almeida recurrió ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior que, en febrero de 2020, resolvió, en favor del tercer grado”.
La decisión para conceder la libertad condicional a Almeida se basó en el tiempo de condena trascurrido, el buen comportamiento del reo en prisión, y la falta de incidencias en los 39 permisos concedidos desde 2013, hasta 2020.
Sin embargo, Castro solicita que se analicen las circunstancias en torno a las que se resolvió de forma favorable el recurso del asesino a la vista de la segunda reincidencia de este reo en delitos tan graves como un asesinato.
Obsceno incremento patrimonial
Que aseguran que existe un plus de productividad al salario de los directores de prisiones, si aumentan las excarcelaciones. Esta motivación económica “no casa bien con la búsqueda del interés general”, denuncia Castro, quien añade que “se alza un obsceno incremento patrimonial particular, de forma que la decisión está viciada desde su origen”. Y recuerda que “la jurisprudencia establece la necesidad de actuación de los funcionarios al servicio de los ciudadanos con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, como valores primordiales de la administración pública”.
Precisamente, por esta razón, el partido de Abascal pide que se investiguen las decisiones adoptadas en el centro penitenciario “El Dueso” (donde cumplía condena Almeida), ya que en esa prisión está la mayor parte de los presos de ETA. Y esta decisión podría ser constitutivo de “delito de prevaricación” (artículo 404 del Código Penal).
Por ello, la Vicesecretaría Jurídica pide constatación de los informes técnicos de la Junta de Tratamiento encargada de la vigilancia de Almeida durante el último año, y los relativos a la concesión del tercer grado por el que salió en libertad. Además, ha solicitado los informes que debiera presentar el director de la prisión a sus superiores.
Pide también que se solicite de oficio para que se informe y remita comunicación el director del centro penitenciario los protocolos de comunicación sobre la concesión del tercer grado, y los realizados en el caso de Almeida.
Entre las diligencias, también se solicita el control de las medidas de seguridad penitenciaria cuando estos presos alcanzan el tercer grado. Y que se solicite a “El Dueso”, el informe sobre el control de medidas de seguridad penitenciaria que se determinó, si es que si hizo alguno en relación a la concesión del tercer grado a Almeida.
Por último, pide que al centro penitenciario los informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la excarcelación.
