Dignidad y Justicia lleva desde 2019 denunciando que los vecinos de la localidad navarra de Echarri Aranaz queman simbólicamente, en el marco de sus fiestas patronales, a figuras que representan a la Guardia Civil, según recoge en una nota de prensa. Hoy el Ayuntamiento de la localidad volverá a hacerlo y a mofarse públicamente de los agentes del instituto armado que han dado su vida por la democracia y por el estado de derecho.
La diferencia entre esta quema simbólica y lo que ha ocurrido en la realidad no está muy alejada manifiesta el comunicado. Los terroristas han asesinado a decenas de guardias civiles a lo largo de su historia, les han humillado, han quemado sus cuarteles, han matado a sus hijos y a sus parejas. No es ninguna broma que ahora un Ayuntamiento democrático celebre este tipo de actos que revictimizan a los familiares de los asesinados y humillan a un cuerpo que ha sustentado el espíritu democrático que apela al funcionamiento de la ley y la justicia como único modelo de lucha antiterrorista.
Desde la asociación indican que Fiscalía debería de oficio investigar lo que los organizadores han denominado con mala idea el ‘día del inútil’, que únicamente tiene el objetivo de acosar y burlarse de la Guardia Civil que tanto a sus vecinos como a ellos siempre ha protegido. Los actos prevén otro tipo de desfiles y mofas públicas que no solo se ríen de la benemérita, sino del propio Estado, del que la Guardia Civil es su primera línea de seguridad.
Como Dignidad y Justicia ha dicho en anteriores ocasiones, la convocatoria del acto no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una dinámica que se celebra cada verano en diferentes pueblos de las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco cuya finalidad de acosar y generar un ambiente de presión sobre un colectivo, generando un clima de terror entre sus miembros allí destinados con el fin de conseguir su aislamiento social. En este caso, además, tiene tintes de celebración, pues el propio Gobierno ha cedido ante una reivindicación histórica de los terroristas, que es la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, pues ha sido el ejecutivo el que ha cedido las competencias de tráfico a la comunidad foral.
