Las agresiones a vigilantes de seguridad alcanzan cada vez cifras más demoledoras llegando a registrarse balances donde se llega a multiplicar por 5 el número ataques a profesionales del sector privado de la seguridad respecto al mismo mes del año anterior. Ejemplo de ello ha sido la comparativa 2019-2020 y durante el periodo más duro de la pandemia así como en lo que llevamos de 2021, esta escalada de violencia no ha dejado de ofrecer números preocupantes. La seguridad de los propios trabajadores está en juego sin que ninguna autoridad tome hasta la fecha cartas en el asunto.
Frente a estas amenazas y agresiones que ponen en grave riesgo su integridad física, cada vez son más las voces que reclaman poder dotar de dispositivos eléctricos de control (DEC), popularmente conocidos como táser, a los vigilantes de seguridad durante el ejercicio de sus funciones.
Esta herramienta supondría una opción legítima y proporcional de defensa frente a los últimos incidentes denunciados. Incluso podría llegar a constituirse como elemento disuasorio e intimidatorio capaz de prevenir la acción delictiva frente a la intencionalidad de ciertos sujetos que encuentran en el desamparo legal de estos trabajadores el punto óptimo de inflexión para llevar a cabo sus objetivos. También frente a aquellos sujetos que no dudan en recurrir a la violencia para responder a la acción de estos trabajadores o cuando se enfrentan a individuos con graves problemas de salud mental.
El último ejemplo de este tipo de intervenciones se ha registrado el pasado 20 de abril cuando un individuo, que accedió sin billete al metro de Barcelona, agredía a pedradas a un vigilante, dejando su rostro ensangrentado y teniendo que ser socorrido por un agente de los Mossos de paisano y el resto de viajeros.
Asociaciones y sindicatos no dudan en señalar varios factores determinantes que guardan directa relación con estas agresiones como la falta de medios humanos y materiales así como la nula protección jurídica que tienen los vigilantes en el desempeño de sus funciones. De ahí que surja la reivindicación de dotar a estos trabajadores de herramientas capaces de protegerles y de frenar este tipo de sucesos.
Desde la Plataforma Seguridad Privada España hacen también hincapié en el obsoleto Reglamento y Ley de Seguridad Privada como parte de la solución a este problema. “Llevamos desde nuestra formación a principios de 2019, reclamando mas medios de defensa físicos y jurídicos”, manifiesta Miguel A. López, coordinador nacional de SPE. “Los vigilantes nos enfrentamos a un trabajo de cara al público, con una imagen muy deteriorada, ante un nivel 4 de alerta antiterrorista e inmersos en una pandemia y un estado de alarma sin precedentes con una defensa de 50 cm y unos grilletes de juguete que portamos la inmensa mayoría. Nos resultan a todas luces insuficientes para poder desempeñar nuestra labor con ciertas garantías”, reivindican desde dicha plataforma.
Es por ello que urge una reunión urgente con el Ministerio del Interior para plantear una solución a la inseguridad física y jurídica del sector, las agresiones, así como que vea luz el futuro Reglamento de seguridad privada que cuenta con 25 años de antigüedad y cuyo borrador reposa en un cajón desde hace otros pocos…
Los propios trabajadores en voz de sus representantes han asegurado a h50 que el sector está olvidado por parte de las instituciones, de las empresas, de los medios de comunicación y de la sociedad, preocupando también la desunión que reina en el sector.
El uso de los dispositivos eléctricos de control ya es una realidad en cuerpos policiales de toda España a excepción de Policía Nacional y Guardia Civil donde el embrollo burocrático y el exceso de politización sobre su uso parecen ser los principales lastres para que los agentes puedan disponer de este medio como elemento de dotación. En el caso de los vigilantes de seguridad se trata de un sistema hasta la fecha no contemplado pero que cuya viabilidad cobra cada vez más fuerza aunque no hay que olvidar que estaría sujeto a la actualización del aspecto legislativo que regula el sector.
“Siempre hemos mantenido que deberíamos portar una equipación y unos medios que al menos impusiesen respeto. Chaleco y guantes anticorte, defensa más larga de la actual o bastón extensible , spray de defensa (tipo gel para poder usar en interiores) y algún tipo de arma no letal (pistola de electroshock tipo Taser, bolas balísticas, o cualquier pistola de tipo traumático), pero cualquier mención por nuestra parte ha pasado desapercibida”, se lamentan desde SPS advirtiendo también que “sólo el día que suceda algo grave y quede al descubierto nuestra precariedad el sector y la sociedad reaccionará”.
