Los cabecillas, una mujer de 54 años y su hijo, engañaban en origen a las víctimas ofreciéndoles un trabajo en España que acababa costándoles más de 4.000 euros.
El canto de sirena desde España era demasiado atractivo como para rechazarlo. Esa conocida, amiga e incluso familiar que emigró hace años prometía viaje y trabajo asegurado a sus compatriotas en Honduras. Pero el artificio llegaba a su fin cuando, nada más desembarcar en el aeropuerto de Barajas (Madrid), las víctimas descubrían que tenían una deuda de hasta 6.000 euros que saldar, a golpe de trabajo como internas en viviendas de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Hasta 26 hondureños, en su mayoría mujeres de no más de 30 años, han caído víctimas de una red de trata y explotación laboral, liderada por una mujer de 54 años y su hijo de 33, con la colaboración de seis personas más que formaban parte de dos empresas gaditanas que participaron en el engaño.
“Las víctimas dejaban hijos a los que ayudar. Pero a su situación de vulnerabilidad, sumaban que se encontraban aún peor que en Honduras porque a veces no tenían ni para comprar comida”, resume uno de los investigadores del Grupo Operativo de Extranjeros de Comisaría de Cádiz. El equipo gaditano, ayudado por el Grupo III de UCRIF Central de Extranjeros (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de la Policía Nacional y con la supervisión diaria del Jefe de la UCRIF Central, ha empleado más de un año en desmadejar la investigación y romper la barrera del miedo que atenazaba a muchos de los que sufrieron el engaño. El pasado 11 de mayo los agentes detuvieron a los dos principales cabecillas y a sus seis colaboradores. El Juzgado Mixto Número 5 de Chiclana de la Frontera ha decretado el ingreso en prisión para madre e hijo y la libertad para el resto, aunque continúa centrado en la toma de declaraciones a otras personas que podrían también acabar investigadas, según sostienen fuentes cercanas al caso. Todos están encartados por supuestos delitos de trata de seres humanos y de explotación laboral.
Las pesquisas comenzaron en 2019 cuando una de las víctimas huyó de la explotación a la que era sometida en Chiclana y denunció los hechos en otra comisaría de España. En total, los policías han identificado hasta 26 hondureños que han sufrido las artimañas de la trama, aunque los investigadores no descartan que “sean más”. Todas llegaron después de que L.L.M.A., y su hijo L.A.C.M., captaran a conocidos, amigos e incluso familiares que seguían viviendo en Honduras. Ellos, residentes en España desde 2008, les prometían viaje y trabajo a través de una carta de invitación, un requisito legal para poder acceder al país en el que un español argumenta que el recién llegado es familiar o conocido. “Realmente eran falsas porque ni les conocían. Los cabecillas pagaban a terceros 300 euros por carta que remitían a los ciudadanos que la solicitaban y que ahora son parte de los detenidos”, explica uno de los policías que ha llevado el caso.
Las pesquisas comenzaron en 2019 cuando una de las víctimas huyó de la explotación a la que era sometida en Chiclana y denunció los hechos en otra comisaría de España. En total, los policías han identificado hasta 26 hondureños que han sufrido las artimañas de la trama, aunque los investigadores no descartan que “sean más”. Todas llegaron después de que L.L.M.A., y su hijo L.A.C.M., captaran a conocidos, amigos e incluso familiares que seguían viviendo en Honduras. Ellos, residentes en España desde 2008, les prometían viaje y trabajo a través de una carta de invitación, un requisito legal para poder acceder al país en el que un español argumenta que el recién llegado es familiar o conocido. “Realmente eran falsas porque ni les conocían. Los cabecillas pagaban a terceros 300 euros por carta que remitían a los ciudadanos que la solicitaban y que ahora son parte de los detenidos”, explica uno de los policías que ha llevado el caso.
Nada más aterrizar en Madrid, los hondureños eran informados de que habían contraído una deuda de entre 4.000 y 6.000 euros con la organización y eran desposeídos de su documentación. Luego, la mafia les llevaba hasta Chiclana y, allí, con la colaboración de dos empresas en Cádiz y Jerez de la Frontera de cuidado de personas mayores, le asignaban una casa en la que entraban a trabajar como internos de personas dependientes. “Las familias pagaban a las empresas entre 1.200 y 1.600 por ese servicio, pero ellos [por las víctimas] realmente estaban en situación irregular, les pagaban entre 400 y 600 euros en sobres de dinero y pasaban internos 24 horas al día los siete días de la semana”, detalla el inspector sobre un modus operandi que desconocían esos clientes empleadores. Y la explotación no acababa ahí: la trata les cobraba unos 300 euros por el alquiler de una vivienda que realmente ni podían pisar por estar trabajando y les pedían más dinero en concepto de la deuda contraída.
Esa presión insostenible al verse sin recursos para ellos —ni mucho menos para ayudar a los hijos y familiares que dejaban en Honduras— les hizo “romper el miedo” a hablar, explica el agente. Con todo, algunos de los testigos figuran protegidos, ante el temor de represalias de la mafia. Entre los colaboradores de madre e hijo que han acabado detenidos están un trabajador de la empresa de Cádiz, cuatro de la compañía jerezana y firmantes de las cartas de invitación. De hecho, la policía considera la colaboración de ambas empresas —de las que una de ellas ya se ha visto investigada anteriormente en casos similares— como esencial para que madre e hijo pudiesen ejercer la trata y explotación contra sus compatriotas.
