Han sido detenidas 22 personas, habiéndose llevado a cabo 24 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales de mercantiles en España, Bélgica y Países Bajos.
Se investigan delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas (Madrid), han desarticulado una de las principales organizaciones criminales de Europa dedicadas al fraude de IVA en el sector de la informática.
La fase de ejecución de esta importante operación se ha llevado a cabo de manera simultánea en España, Bélgica y Países Bajos, habiéndose trasladado investigadores españoles a estos dos últimos países para coordinar el dispositivo.
Se han practicado un total de 24 registros en los domicilios de los principales investigados, así como en las sedes de distintas mercantiles, concretamente 18 en España, 5 en Países Bajos y 1 en Bélgica.
La operación comenzó a desarrollarse en 2019 cuando los investigadores detectaron la existencia un entramado empresarial a nivel internacional, cuyo objetivo era el defraudar al erario público a gran escala, mediante una “ficción comercial” basada en operaciones de compraventa de expediciones comerciales de productos informáticos entre empresas ubicadas en diferentes países de la Unión Europea, que actuaban de manera coordinada para lograr la referida ficción, eludiendo así el pago de los impuestos (IVA) generados por su actividad.
Fraude de IVA en operaciones intracomunitarias
Estas operaciones ficticias encadenadas, se iniciaban por cuatro empresas ubicadas en Países Bajos, las cuales, haciendo uso del régimen de tributación transitorio en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para las operaciones intracomunitarias, simulaban vender estos productos a sociedades de diferentes países europeos, sin embargo, los agentes han podido corroborar como estas expediciones comerciales siempre eran enviadas de Países Bajos a España, donde eran almacenadas en empresas logísticas.
Ya en nuestro país, las expediciones eran objeto de una serie de liberaciones de mercancías entre las distintas empresas implicadas que permitían poner estos productos a disposición a una serie de mercantiles que, en último término, eran las encargadas de introducir la mercancía en el mercado nacional.
El fraude cometido tenía su fundamento en el hecho de que las empresas situadas en el escalón de entrada de la mercancía en España de la cadena de suministros ficticia resultaban ser entidades inexistentes que no cumplían sus obligaciones fiscales, no procediendo de esta manera al ingreso del IVA generado por la operativa comercial realizada y siendo de imposible localización al detectarse el fraude.
De esta manera se ha generado un fraude a la Hacienda Pública que ha sido calculado por la Agencia Tributaria en un importe estimado superior a los 26,5 millones de euros.
Productos a un precio sin competencia
Esta operativa además de conseguir grandes márgenes de beneficios a través de las cuotas defraudadas, lo que les permitía era poner el producto a la venta a un precio inigualable, acaparando el mercado de estos productos a nivel nacional.
Esta operativa comercial era inmediatamente seguida de una estrategia financiera que ha dado lugar a un blanqueo de capitales por valor de más de 70 millones de euros.
En los registros realizados se han intervenido numerosos ordenadores y abundante documentación de interés para la investigación, tanto en soporte papel como informático, procediéndose al mismo tiempo al bloqueo de numerosas cuentas bancarias, inmuebles y vehículos y a la incautación de 14.780 discos duros preparados para su venta, así como otro material informático.
La operación, llevada a cabo en nuestro país por el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas, se ha realizado conjuntamente por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) así como por miembros de la Dependencia Regional de Inspección de Madrid y Andalucía, y de la ONIF de la Agencia Tributaria, apoyados por EUROPOL, EUROJUST y por unidades policiales de Holanda y Bélgica.
Igualmente se ha procedido a la prohibición preventiva de enajenación de 13 inmuebles, que ascienden a un valor aproximado de 1,3 millones de euros €, así como de 16 vehículos y el bloqueo de saldos de cuentas bancarias que en 33 entidades financieras titulaban los miembros de la organización.
