En la línea crítica que caracteriza a la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, esta semana hemos presentado una denuncia ante la Justicia solicitando que se investigue la dirección negligente del orden público en estos años.
Nos hemos puesto a buscar argumentos y hemos encontrado muchos, tantos como para defenderlo ante los Tribunales y las Instancias Europeas. También para comunicarlo a las entidades que consideramos que han sido perjudicadas por la omisión del deber de garantizar su derecho a la libertad y a la seguridad, y que como consecuencia sufrieron destrozos, saqueos e incendios, invitándolas a que reclamen sus derechos frente a los malos gestores.
Llevábamos trabajando en la denuncia dos semanas y para ello habíamos investigado la sucesión de acontecimientos desde octubre de 2019, cuando la sentencia del “prusés” hizo salir a las calles a miles de “demócratas” encapuchados. El caso es que los acontecimientos del pasado día 7 de abril en Vallecas ante el mitin político de un partido que concurre a las elecciones, han acelerado la denuncia. Pincha aquí para acceder a la denuncia.
Podíamos habernos retrotraído a “Las marchas de la dignidad” de 2017 o al evento “Rodea el Congreso” de 2012, inicialmente “okupa el Congreso”, pero no ha sido necesario porque desde entonces la violencia insurgente no ha hecho más que escalar con la connivencia de dos gobiernos y la cooperación necesaria del mismo jefe de las unidades de intervención. Desde las protestas por la sentencia del “prusés” los mismos matones han seguido haciendo de las suyas, escalando la frecuencia e intensidad de su hostigamiento hacia quien etiquetan como enemigo, contra el que todo está justificado tras un aparente marco democrático.
¿Qué defendemos en nuestra última denuncia?
Básicamente que los órganos de poder del Estado, y no vamos a acusar a ninguno porque es tarea de los Tribunales, han permitido -y lo siguen haciendo-, que se haga uso estratégico de la violencia y la intimidación con fines políticos.
Por un lado instigando y legitimando de manera activa, de manera pasiva por otro lado (por acción y por omisión), impartiendo órdenes a las Unidades antidisturbios que contravienen toda lógica operativa, como actuar en inferioridad numérica, no permitirles emplear medios para el control de masas, impedirles ejercer el derecho a la legítima defensa, no dotarlos de medios alternativos a las pelotas, para compensar la retirada de estas en casos como en el de Vallecas y obligarlos a entrar en el combate a cuerpo a cuerpo con un mayor número de heridos y más imágenes de agresiones directas que permiten alimentar el relato antisistema de la “brutalidad policial”.
¿Qué está ocurriendo?
La intensidad de la violencia en la insurgencia low-cost es más baja que en la insurgencia clásica porque no matan, la intimidación es más subliminal que directa, a través del hostigamiento indirecto porque los matones son cobardes y nunca van de frente salvo que cuenten con superioridad numérica o apoyo político. No es menos cierto que tanto la intensidad como la frecuencia de la “insurgencia low-cost”, son crecientes y buscan explotar la mínima vulnerabilidad para escalar sólo un poco cada vez, como una forma imperceptible de transición hacia formas de insurgencia más intensa. La violencia/intimidación van en aumento y su forma de tomar las calles hasta ahora más frecuente en Barcelona, la han exportado a Madrid.
Lo anterior sigue una planificación muy evidente y tiene una estructura muy clara, ajustada a una agenda para conseguir un Gobierno sin Estado, primero explotaron las vulnerabilidades del sistema para penetrar en las instituciones con relativo éxito, especialmente en las cúpulas funcionariales, más aisladas de las bases que nunca. Han conseguido devaluar la calidad de los servicios, para ello se han ayudado de criterios ambiguos como la “igualdad” o hacerlos más “democráticos”. Conceptos que mal entendidos son peligrosos porque equiparan cosas que son absolutamente diferentes dentro de categorías homogéneas.
Otro de los criterios empleados es la aplicación continua de dobles stándards ¿nadie se ha planteado porque el trabajo de las Unidades de Intervención en el fútbol es impecable, mientras que en las concentraciones de carácter político siempre acaban apareciendo acusaciones de “brutalidad policial”? No es creíble que hagan bien su trabajo en un contexto, pero en otro no. Tampoco es creíble que no sea culpa de nadie, nosotros estamos comprometidos con sacar a los responsables de sus madrigueras y ponerles nombres y apellidos para exigirles cuentas porque alguien tiene que hacerlo. La prueba de que un trabajo bien hecho requiere que el poder político permita trabajar a las UIP fue el pasado 20 de marzo, esto también obra en nuestra denuncia.
¿Qué pretendemos evitar?
El devenir de los acontecimientos que se consumará con una deslegitimación de las fuerzas profesionales, responsables de proteger el Estado de Derecho, como han conseguido los mismos en otros países, de hecho, ya hay voces que al igual que en algunas ciudades estadounidenses, demandan desmantelar las unidades de intervención como los antisistema de la CUP en Cataluña, que gustan de refugiarse en Suiza y otras voces que insisten en retirar la financiación de las fuerzas y cuerpos de seguridad como en Estados Unidos. Seguramente tienen razón en una cosa, un modelo policial como el español más de dos mil cuerpos de policía con más jefes que indios es obsoleto y hay que reformarlo, es el modelo que han creado ellos mismos para luego devaluarlo e ir más allá, conseguir que tenga seguridad quien se la pueda pagar como en Reino Unido tras reducir el presupuesto y repartir contratos públicos entre empresas de seguridad privada que dirigen comisarías, ello a costa de un importante incremento de la criminalidad organizada y violenta. En las “zonas libres de policía” en EEUU el experimento ha salido mal y la delincuencia se ha descontrolado.
“Las calles serán siempre nuestras”.
El 1 de octubre de 2017, oficinistas de Interior de los que reparten embajadas colaboraron con los separatistas catalanes en la construcción del relato, no habría sido posible sin las cargas policiales, que no estaban recomendadas en ningún caso por los propios operativos en el terreno.
Como en Caracas, el siguiente paso lógico de su agenda es permitir que grupos de “demócratas” armados controlen las calles haciéndole el trabajo sucio al Gobierno frente a la oposición y consolidando un gobierno autoritario que habla de democracia, un trabajo para el que no puede usar a un cuerpo de Policía profesional. En Venezuela nadie creía que eso iba a ocurrir, pero es el escenario actual, unos lo llaman “justicia social” y otros “jarabe democrático”. La estrategia de control territorial también fue empleada por el Estado Islámico y para ello necesitan o bien que no haya policía o bien que sea débil. El siguiente paso lógico es la “Justicia Popular”, hay que prestar atención a la injerencia política en la Justicia y a su doble discurso, de hecho, los “demócratas” que pretenden politizar la Justicia, contradictoriamente se quejan de que la Política se ha judicializado y por tanto es menos “democrática” de lo que debería.
Y para acabar, hay que recordar que “no se puede trabajar para cualquiera”, un oficinista en una madriguera estará siempre a disposición del poder político, no dudará en mantener la boca cerrada y enviar al matadero a quien haga falta para conseguir 25000 euros al mes como Consejero de Interior en una embajada. En Vallecas el pasado día 7 han sido 25 los policías heridos, sin su cooperación no habría sido posible el deterioro de las Unidades de Intervención ni los cientos de compañeros heridos que deja a su paso. Hay guerreros y mercaderes, trabajar al servicio de quienes pretenden sustituir al Estado y a la Nación, por el Mercado y los accionistas, es más ventajoso que ser un líder.
