La asociación AUGC, en un comunicado, denuncia los hechos y pide la dimisión de la ministra.
La tara de la arbitraria e injusta aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles va a provocar que un agente entre en prisión por razones absolutamente ajenas a sus funciones profesionales.
Ayer Luis Miguel recibió la notificación de que en un plazo de quince días deberá ingresar en el penal militar de Alcalá de Henares para cumplir las condenas de tres meses y un día y cuatro meses de prisión por unos hechos ocurridos hace nada menos que ocho años, y que nada tuvieron que ver con su trabajo.
El motivo de la condena es una discusión que tuvo lugar entre compañeros, ambos fuera de servicio y en fiestas, y cuyas responsabilidades ya se dirimieron en su momento del ámbito disciplinario del Cuerpo, con la consecuencia de la pérdida de destino del trabajador. Sin embargo, lejos de conformarse con este castigo, ya suficientemente duro, la maquinaria de la justicia militar ahora le priva de su libertad.
De este modo, ocho años después de los hechos, Luis Miguel, que desde entonces ha seguido realizando su trabajo con normalidad en su nuevo destino, tendrá que entrar en la cárcel como un delincuente a causa de una simple desavenencia con un compañero fuera de su lugar de trabajo y de su cometido profesional.
