Un juez acusa a la Policía de no dialogar con los golpistas en el 1-O

La Audiencia de Barcelona recrimina  a los agentes que han intervenido durante el referéndum ilegal del 1-O de usar la fuerza sin previo aviso y de no haber agotado la vía del diálogo

Los magistrados acusan a la Policía de “infringir” sus protocolos de actuación mientras cumplían con el deber de defender los intereses nacionales ante el fallido referéndum independentista el 1-O en Cataluña. También culpa a los agentes de no agotar la vía del diálogo degradando una intervención policial sin precedentes en defensa del mayor ataque hacia la unidad nacional del siglo XXI.

Por otro lado, el auto se muestra benévolo hacia los sublevados indultaldo a una docena de votantes del 1-O que convirtieron el instituto Pau Claris de Barcelona en un fortín independentista perfectamente organizado cuyo objetivo no era otro que tratar de obstaculizar la actuación policial.

Se confirma de esta forma la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona rechazando la petición del Sindicato Profesional de la Policía junto con la fiscalía y la Abogacía del Estado.

“Constatamos que en efecto no hubo orden expresa y terminante dirigida a los ciudadanos o alguno de ellos que pudiera haber actuado como interlocutor para trasmitir, no sólo el mandato que tenían encomendados no, para su debido cumplimiento, la orden de desalojar las entradas rompiendo el tapón que se había formado en ellas”, alegan los magistrados después de observar las imágenes captadas en el centro docente.

La Audiencia de Barcelona critica que  “la propia policía infringió una de las pautas de actuación que los propios protocolos para la atención y el control de las multitudes impone, a saber, agotar los medios no violentos, usando el diálogo como medio para persuadir a los congregados, autorizando el uso proporcionado y gradual de la fuerza sólo cuando no exista otra opción”. El auto precisa que “la advertencia del uso de la misma con tiempo suficiente para que pueda tomarse en cuenta, aparece también como un requisito irrenunciable en orden de garantizar una prudente y proporcionada intervención”.

Ante la gravedad de los hechos, el auto remata con una curiosa deducción donde considera “indispensable agotar la alternativa del diálogo y la conciliación con el fin de disuadir a los ciudadanos congregados en los centros de votación evitando la confrontación con la fuerza pública” añadiendo que los policías debían “respetar los derechos fundamentales de las personas”, máxime cuando de le había encomendado no alterar la convivencia pacífica,  y por el tipo de gente que iba a acudir a los puntos de votación: “familias, ancianos, jóvenes, niños y adolescentes”, en un contexto “muy alejado de aquel que típicamente legitima el uso de la fuerza, a saber el de la prevención del delito y la detención de sus autores”. Por esas razón, los jueces rechazan que los votantes cometiesen “resistencia pasiva” al taponar con un centenar de personas los accesos al centro.