Funcionario de prisiones del Centro Penitenciario de Córdoba han intervenido durante los últimos dos días dos teléfonos móviles y un “pincho” en el interior de un mismo módulo.
Desde la sección sindical de Córdoba de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) han agradecido el esfuerzo y profesionalidad de estos profesionales así como el trabajo diario que desempeñan garantizando la seguridad del centro penitenciario. “Una seguridad que podría ser mayor si se cubrieran todas las vacantes del centro”, aseguran.
Precisamente, APFP vincula la inseguridad de los módulos a este déficit de personal lo que genera la tenencia de “pinchos” carcelarios y que es sufrida por los trabajadores que prestan servicio en la prisión.
Esta organización lleva años solicitando que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias tengan la consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y años solicitando una reposición real de efectivos. Señalan que además de no convocarse oposiciones en años, las últimas ofertas de empleo público no cubren ni de lejos el déficit de personal que acarrean desde hace ya tiempo y se prevé mayor número de jubilaciones en los próximos años. “Además solicitamos la equiparación salarial con nuestros compañeros de Cataluña, a igual trabajo igual salario”, reivindican.
La entrada de móviles y los pinchos de fabricación casera pueden ser objeto de peleas y enfrentamientos entre internos. Para los funcionarios de prisiones cada vez es más difícil conocer el origen de esos objetos prohibidos debido en gran parte al acceso a los talleres y cursos de diferente índole, entrada de voluntarios, familiares o salidas de permisos. “Todo ello sin los medios adecuados, obsoletos en algunos casos. La acuciante falta de personal hace que resulte muy complicado detectar su origen a tiempo para evitar su entrada”, denuncian.
Desde APFP lamentan que no ven solución a corto plazo y que esto ya es una cuestión de emergencia. “Las prisiones necesitan ser centros de cumplimiento de penas impuestas por los tribunales de justicia donde primen la seguridad y el régimen para poder cumplir con la función de reinserción, mientras no se consiga respeto, disciplina y diálogo un tratamiento eficaz no es posible”, aseguran.
