“Es necesario habilitar con carácter indefinido las medidas de prohibición de los cortes de suministros de luz, agua y gas en el ámbito doméstico adoptadas durante la primera ola de la pandemia (RDL 8/2020)”.
Los últimos indicadores económicos y del empleo ponen de manifiesto la persistencia de la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, por lo que UGT considera necesario dar continuidad a las medidas de protección a los colectivos más vulnerables en cuanto a garantizar su acceso a los suministros esenciales para combatir la pobreza energética.
El número de beneficiarios del bono social eléctrico alcanzó en el mes de junio a 1.293.836 consumidores, lo que supone un incremento del 1,1% respecto al mes anterior, según el último boletín mensual de indicadores de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Además, según Red Eléctrica de España (REE), en el mercado eléctrico el precio final de la demanda peninsular en el mes de octubre se situó en 42,65 €/MWh, frente a los 33,28 €/MWh del mes de marzo de este mismo año. Finalmente, el precio de la bombona de butano estándar (que es la energía más utilizada por las personas con escasos recursos debido a su bajo coste) llegó a los 12,69 euros en noviembre (incluidos los 0,015 euros por kg del impuesto de hidrocarburos y el 21% de IVA), un 5% más cara que la última revisión de la tarifa realizada en septiembre de 2020.
Garantía de suministros básicos con carácter indefinido
Todos estos datos configuran un panorama de mayores dificultades para los colectivos de personas vulnerables de cara a afrontar los meses de invierno, por lo que UGT hace un llamamiento al Gobierno a actuar incluyendo en el escudo social la lucha contra la pobreza energética. En este sentido, el Sindicato considera necesario que se vuelvan a adoptar con carácter indefinido las medidas de prohibición de los cortes de suministros de luz, agua y gas en el ámbito doméstico adoptadas durante la primera ola de la pandemia (RDL 8/2020), hasta que se recoja legalmente el principio de precaución en materia de pobreza energética, que imponga a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro básico hasta que consulte la situación económica del hogar afectado con los servicios sociales competentes, y tenga la certeza de que no se trata de un hogar vulnerable.
En segundo lugar, UGT reclama una reforma de la política energética que regule adecuadamente el sistema de fijación del precio de la energía para hacerla asequible, y reducir el IVA de estos suministros básicos que actualmente están gravados con del 21%, y que sufren una doble carga impositiva al aplicarse también el impuesto sobre la electricidad y el impuesto de hidrocarburos.
Finalmente, el Sindicato considera imprescindible reformar la regulación del bono social eléctrico y del bono social térmico para alcanzar a un mayor número de beneficiarios vulnerables que no reúnen los requisitos pero que necesitan esta ayuda.
