La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores manifiesta su preocupación la decisión del Tribunal Supremo avanzada por el Consejo General del Poder Judicial que parece contribuir a normalizar determinadas formas de prostitución.
Escudarse en el carácter voluntario de la prostitución es muy cuestionable. Los vínculos entre prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual son más que evidentes y están documentados-
Ante el comunicado del Consejo General del Poder Judicial sobre la Sentencia del Tribunal Supremo que estima ajustados a derecho los estatutos de OTRAS, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reitera que para nuestra organización la prostitución no es un trabajo, ni por cuenta ajena ni por cuenta propia, sino una forma de violencia contra las mujeres.
Sin perjuicio de que la Sentencia no ha sido aún publicada, el comunicado del Consejo nos preocupa. Tal como dice la nota de prensa, la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena es nulo, de lo que cabe deducir que el Supremo entiende que la prostitución por cuenta propia no solo es aceptable, sino que está revestida de la legalidad necesaria y se ejerce voluntariamente. Y en este sentido recordamos que trabajadoras y trabajadoras por cuenta propia pueden afiliarse a las organizaciones sindicales.
En un país en el que los vínculos entre prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual son más que evidentes y están documentados, vemos cómo, no solo las normas, sino también decisiones judiciales siguen dando carta de naturaleza a la explotación de las mujeres.
La voluntariedad, ya sea en la prostitución por cuenta propia o por cuenta ajena, es más cuestionable cuando no totalmente inexistente. Pero además cuando estamos ante una conducta que genera una violación de derechos, la voluntariedad, aunque ésta exista, nunca puede ser una justificación para dar carta de naturaleza, legalidad, a esta conducta.
El negocio encuentra siempre nuevas formas generar beneficios a costa de los derechos de las mujeres y niñas, muchas de ellas de origen migrante y disfraza la explotación y la violación de derechos humanos, utilizando términos del ámbito laboral, trabajo sexual, empresarios, trabajadoras del sexo, actividad económica, para presentar como normalidad lo que solo puede ser calificado de explotación.
