El próximo 14 de diciembre la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, será “presentada” en el Congreso de los Diputados y los grupos parlamentarios habrán de votar si pasa a trámite y, por tanto, si se inicia el proceso de enmiendas y debate. El texto será presentado por los partidos Bildu, Cup y ERC, quienes ya la registraron el pasado 30 de septiembre junto con los grupos ERC, JuntsXCat, Podemos, Compromís, Más País, BNG y Nueva Canarias y corroboraron su compromiso con las organizaciones sociales. Para que la tramitación del texto sea posible serán necesarios también los votos de PSOE, quien todavía no se ha posicionado al respecto de esta ley.
En caso de que la Ley de Garantía al Derecho a la Vivienda pasará a trámite, ésta entraría en un proceso de discusión junto a la Ley Vivienda validada por el Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre.
Las organizaciones sociales que conformamos la Iniciativa Ley Vivienda, hemos presentado este mismo mes alegaciones al anteproyecto de Ley Vivienda pactado por los socios de Gobierno, puesto que tiene grandes carencias y no garantiza este derecho fundamental. Por ello, instamos al PSOE que vote a favor de la tramitación de la Ley por el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada que sí garantice el ejercicio de este Derecho Fundamental.
Los últimos datos de desahucios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ponen de manifiesto que España necesita, urgentemente, medidas estructurales y de calado. Las 8.659 familias que han sido desahuciadas entre los meses de julio y septiembre de 2021 con escudo social, solo es la punta del iceberg de la emergencia habitacional cronificada que vivimos en este país y que debemos poder dejar atrás, de una vez por todas.
La ‘Ley por el Derecho a la Vivienda’ debe blindar, definitivamente, la protección de este Derecho Humano, paralizando e impidiendo los desahucios sin alternativa habitacional adecuada y asegurando un alojamiento en condiciones adecuadas como primera intervención social, lo cual implica ampliar el parque público de viviendas y regular el mercado de alquiler.
La defensa de esta Ley no solo supone posicionarse a favor del derecho fundamental de acceso a una vivienda, sino que también inicia un punto de partida para cuestionar un modelo productivo que sitúa a la vivienda como un activo financiero.
Desde UGT haremos todo lo posible para que la Ley aprobada sea lo más garantista posible. El próximo 14 el PSOE debe elegir en qué bando está, si entre los cientos de colectivos que están empujando para lograr una protección efectiva de este derecho o, en contraste, con la patronal inmobiliaria, que presiona insistentemente para seguir haciendo de la vivienda un negocio muy lucrativo. No se puede seguir negando este derecho, recogido tanto en nuestra Constitución como en la Declaración de Derechos Humanos.
