Durante los pasados días hemos asistido a un sainete protagonizado por la Presidenta del Congreso de los Diputados al negarse inicialmente a cumplir una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que condenó en sentencia firme al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez Rodríguez a la pena de un mes y 15 días de prisión, sustituidos por una multa de 540 euros a razón de 12 euros diarios, y a la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, por un delito de atentado contra un policía nacional al haberlo pateado en una manifestación en el año 2014. A tal respecto, conviene señalar que el condenado se ha visto muy beneficiado por una importante reducción de la pena, dado que se le aplicó la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por retraso injustificado en la tramitación de la causa, puesto que en otro caso le hubiera supuesto una pena sensiblemente superior de entre seis meses a tres años de prisión, aunque dicho delito siempre lleve aparejada en este caso la inhabilitación especial como diputado.
Pues bien, con fecha 20/10/2021 el Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez, remitió un escrito a la Presidente del Congreso de los Diputados que dice:
“Dirijo a V.E. el presente para interesar la remisión a esta Sala del informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, impuesta a Don Alberto Rodríguez Rodríguez en la causa especial 3/21019/2019, en virtud de Sentencia núm. 750/2021, con la finalidad de llevar a efecto la práctica de la correspondiente liquidación de condena”.
Pero la Meritxell Batet no se avino a la obligación de su cumplimiento y solicitó informe a los letrados de la Cámara, que consideraron, “debió ser por la gracia divina”, que la pena de inhabilitación había quedado saldada por ir aparejada a la pena de prisión. Como ya comentó Juan Manuel de Prada “¿Qué decir de ese informe elaborado por los letrados de las Cortes que ampara la rebeldía bandarra? Los letrados saben que están prevaricando de la forma más indecente, lo mismo que la presidenta del Congreso que les ha encargado el informe”. Posteriormente, la Mesa del Congreso se reunió y decidió mantener el acta de diputado al parlamentario, con la oposición del PP y VOX, Aunque Batet solicitó una aclaración del alcance de la pena impuesta. El TS contestó de forma inmediata, informando a la Presidenta del Congreso que la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria de obligado cumplimiento, además de indicar que el Congreso no es parte legitimada para pedir la aclaración de una sentencia y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado. Más aún, la jurisprudencia de la Junta Electoral Central y del propio Tribunal Supremo aplica en casos similares la llamada “Inelegibilidad sobrevenida”, es decir, el parlamentario ya no cumple las condiciones que se exigen para ser elegido, por lo que debe dejar el acta de diputado. Después del bochornoso espectáculo reinterpretando una sentencia, Meritxell Batet ante el más que posible desacato, reculó comunicando a Rodríguez la pérdida de su condición de diputado. Antes, el propio Secretario General del Congreso y responsable del servicio jurídico, Carlos Gutiérrez Vicén, después del oficio remitido por el TS, dio marcha atrás en su informe y advirtió a Batet que no había duda de que debía ejecutar la sentencia.
Nada más conocerse que se apartaba del escaño a Alberto Rodríguez, Unidas Podemos atacó de forma furibunda a la Presidenta del Congreso y al propio Tribunal Supremo acusándolos de cometer un delito de prevaricación, es decir, tomar a sabiendas una decisión injusta y contraria a la ley, además de anunciar una querella contra la Presidenta del Congreso. Pero, las ministras Ione Belarra e Irene Montero fueron todavía más lejos “El Supremo presiona a la Presidenta del Congreso para retirárselo, aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación”, ha escrito en Twitter la titular de Derechos Sociales y actual secretaria general de UP. Este mensaje fue también difundido por la ministra de igualdad, Irene Montero, que incluso llegó más lejos “se trata de un asalto a la democracia”. También el grupo parlamentario se unió al festival de las graves acusaciones. Están por encima de la ley y atacan a los tribunales que aplican el Código Penal de la democracia. Además de manifestarse con los filoetarras en defensa de la libertad de los asesinos etarras. Esta es su justica.
Ante estas declaraciones la Comisión Permanente del CGPJ aprobó un comunicado que considera, entre otras cosas, que: “Dichas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones,, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable”.
Como ha dicho Jorge Bustos, “Todos los cargos podemios del Gobierno han arremetido contra la Justicia bajo la mágica premisa de que un policía jamás puede ser víctima, aunque pruebe el daño, y un sedicente activista social jamás puede ser agresor, aunque patee”. Además de negar todos los hechos al ya ex diputado Alberto Rodríguez sólo le faltó decir que el menisco agredido fue el suyo. Vamos, que le patearon a él.
Ahora, tras dejar de ser diputado, Alberto Rodríguez abandona Unidas Podemos. El ex secretario de organización, aún sin creer en la justicia, asegura que apelará al tribunal europeo y mantendrá su querella contra la presidenta del Congreso, ya a título personal, dado que su otrora partido ha dicho, donde dije querella, quería decir amigos para siempre. Aunque deje de ser afiliado, la agencia de colocación podemita ya le salvará de su “ruina”. Tiempo al tiempo.
Por todo ello, aunque ya me recojo, el triunfo de la legalidad no se habrá completado hasta que los órganos judiciales no ejerzan las acciones legales que en derecho correspondan para que se restablezca su honor y dignidad, con la interposición de una querella criminal contra la Ministra Ione Belarra y el Grupo Parlamentario de UP, al atribuir a unos magistrados del Alto Tribunal la comisión de un delito de prevaricación, que constituye un ataque ilegítimo a su honor con la máxima difusión pública, que supera con creces la libertad de expresión al utilizar términos insultantes, vejatorios y descalificaciones gratuitas ajenas a la materia sobre la que se puede proyectar una defensa, vulnerando claramente el derecho al honor de dichos magistrados, según consolidada jurisprudencia.
Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado
