La Guardia Civil, en el marco de la operación Melin, ha investigado a tres personas por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, defraudaciones de fluido eléctrico y otro de usurpación.
Se trata del titular de la empresa, la mujer de éste y el encargado de la misma.
La Guardia Civil ha estimado que se han extraído 1.658.344,32 metros cúbicos de agua en los últimos tres años y que el valor del daño al dominio público hidráulico acumulado durante este mismo periodo, supone una importante cantidad monetaria.
Los agentes del Seprona, en colaboración con los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, han llevado a cabo una serie de actividades de inspección, control e investigación criminal en la lucha contra las captaciones y aprovechamientos ilegales de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos.
Los investigadores tuvieron conocimiento de una empresa que realizaba aprovechamientos masivos de agua de forma ilegal en un acuífero en mal estado cuantitativo, es decir, extraía cantidades de agua superiores a las que el propio acuífero era capaz de reponer en el ciclo natural.
Los investigados habrían soterrado las infraestructuras de riego necesarias así como habrían podido manipular o inactivar los contadores volumétricos instalados en los pozos para camuflar las extracciones.
La operación permitió descubrir que la empresa ostentaba la titularidad catastral de más de 400 hectáreas, repartidas en 66 parcelas agrícolas. En enero de este año se inició una primera ronda de inspecciones en las fincas, donde se comprobó cómo, a pesar de que se había soterrado la mayor parte de las tuberías encargadas del riego, al menos en la mitad de las parcelas de la empresa, que estaban cultivadas de viñedos, pistachos y almendros, se hallaron grifos, canalizaciones y otras infraestructuras de riego, que parecían evidenciar una posible captación de agua. También se observaron 14 casetas con características constructivas similares y con sondeos o pozos anexos a ellas.
Tras solicitar informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar se supo que, además de la situación de ilegalidad de las referidas captaciones, desde el 11 de febrero de 2023, el Plan Hidrológico del Júcar en atención a la afección negativa para la masa que de los mismos se pudiera derivar, prohibió expresamente construir nuevos pozos en ese acuífero.
Los guardias civiles realizaron una nueva ronda de vigilancias para determinar si los dispositivos de riego y los pozos estaban operativos. De esta forma se detectaron goteos de agua procedentes de los grifos y de canalizaciones con llaves de paso conectadas mediante cableados a un dispositivo que permitía accionar las válvulas hidráulicas, la presencia de tierra mojada en las inmediaciones de dichas infraestructuras, llaves de paso de los que dimanaba agua, etc.
En el dispositivo organizado el pasado mes de agosto se efectuaron 14 entradas y registros en los inmuebles donde se habían detectado los pozos. De esta forma se comprobaron tanto la operatividad de los sondeos como la superficie de terreno que con el agua extraída se pudiera estar regando.
Una vez analizada toda la información y los informes técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Guardia Civil ha estimado que se ha extraído 1.658.344,32 m3 de agua en los últimos tres años y que el valor del daño al dominio público hidráulico acumulado durante este mismo periodo, supone una importante cantidad monetaria.
La operación Melin ha sido realizada por agentes del Seprona de la Guardia Civil de Cuenca, agentes de San Clemente, Huete, Cardenete, Villalba de la Sierra y componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Cuenca junto con personal de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cuenca.
