La Comisión Europea, según informa la CES, está por fin preparada para presentar su Directiva de Transparencia de Salarios el 4 de marzo, 460 días después de que la presidenta Von Der Leyen tomase el cargo con el compromiso de entregar esta directiva “en 100 días”.
UGT considera que la Comisión tiene que poner fin a esta espera a la que ha sometido a las mujeres durante esta pandemia, un momento en el que sus trabajos han sido infravalorados y mal remunerados en sectores feminizados considerados esenciales.
El sindicato suscribe las preocupaciones expresadas en un reciente comunicado de la CES sobre la posibilidad de que la reducción de la brecha salarial entre géneros se esté viendo afectada por la manera de hacer política de la Comisión Europea y por los intentos de algunos sectores de la Comisión de ralentizar los avances al respecto. De hecho, parecen haberse filtrado tres versiones diferentes del borrador de la Directiva que contienen, además, al menos tres potenciales obstáculos para la igualdad salarial.
La CES y UGT denuncian que no conocen los detalles de ninguna de las tres versiones y, a la vez, critican que ninguna establezca la obligación de negociar la igualdad salarial con los sindicatos. Por el contrario, mencionan a “representantes de los trabajadores”, lo que posibilitaría que los jefes de las empresas estableciesen falsos representantes. La directiva tiene que contribuir, como asegura Esther Lynch (Secretaria General Adjunta de la ETUC), a que los sindicatos sean quiénes negocien el salario igualitario para mujeres y hombres con el mismo puesto “y a cerrar la brecha salarial entre trabajos mayoritariamente masculinizados y aquellos desempeñados fundamentalmente por mujeres”.
UGT, ante esto, recuerda que la Comisión estaría incumpliendo el principio de igual salario por trabajo de igual valor, que dice que los Estados miembros están obligados a garantizar precisamente que se elimine esta brecha.
El sindicato señala que algunos de estos aspectos ya los recoge la norma española, como el Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, que cambia la legislación en materia de Igualdad retributiva, o el “Acuerdo para el Desarrollo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el trabajo”, firmado con el Gobierno UGT y CCOO y fruto del diálogo social. Este último impulsa el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad en las empresas y concreta la obligación que tienen de contar con un registro salarial para garantizar el principio de igualdad retributiva. Sin embargo, UGT apunta que otros Estados de la UE no han desarrollado tales políticas y que una directiva europea como esta debería incluir también sanciones a las empresas que incumplan esta normativa.