“Tantas y tantas trabas sólo pueden tener un objetivo evidente: dejarnos más desprotegidos y vulnerables y abrir la puerta a la impunidad de las campañas de señalamiento, acoso y persecución”, denuncian desde el CEP
La Confederación Española de Policía –CEP, sindicato de la Policía Nacional de referencia en España, denuncia que Sumar vuelve a la carga contra la principal herramienta de trabajo de los policías, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. “Vuelven a la carga. No es una sorpresa, pero los que se refieren a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana como ‘Ley Mordaza’ no van a dejar pasar la oportunidad para lanzar un nuevo ataque contra la principal herramienta normativa que utilizamos los policías en nuestro trabajo. Les da igual los efectos perjudiciales sobre la convivencia, el civismo y el orden público. Y por supuesto, les da igual lo que opinemos quienes nos jugamos la vida todos los días por proteger la vida y bienes de los demás”.
El grupo parlamentario de ‘Sumar’ en el Congreso de los Diputados presentó el 10 de mayo una Proposición de Ley Orgánica para amputar esa norma y amoldarla a un modelo de seguridad ciudadana en el que a los policías se nos deja el papel de “mediadores”. “Sí, tal cual. Porque, entre otras medidas, piden que nuestros planes formativos y nuestra operativa en la calle se base en la mediación y empleo de métodos adecuados como vía alternativa de solución de conflictos. Y es que no quieren policías sino una especie de diplomáticos de salón de té o mediadores sociales. Ahora bien, cuando resulta que se está alcanzado la cifra récord de agresiones a policías en España, este enfoque es toda una provocación porque desprecia algo fundamental: nuestra seguridad física y jurídica”, remarcan desde el CEP.
La nueva propuesta de este partido rescata una fórmula de pago de multas a la carta, de tal forma que las sanciones por infracción a esta Ley Orgánica puedan suspenderse (por la situación económica del multado), fraccionarse o incluso sustituirse por medidas de rehabilitación.
También vuelve a cuestionar el valor probatorio de nuestras declaraciones, exigiendo que sólo sean tenidas en cuenta “siempre que la exposición de los hechos consignados resulten coherentes lógicos y razonables”, y se retoma la idea de abrir la puerta a la impunidad de quien nos saque fotos o vídeos cuando estamos trabajando.
Así, esta propuesta establece como requisito para sancionar el uso no autorizado de imágenes nuestras el que “genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar” y va más allá, reclamando que ese riesgo “deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible”.” Tantas y tantas trabas sólo pueden tener un objetivo evidente: dejarnos más desprotegidos y vulnerables y abrir la puerta a la impunidad de las campañas de señalamiento, acoso y persecución. Una ‘barra libre’ para quienes nos odian porque somos el obstáculo firme y molesto frente a la violencia en la calle”, denuncian desde el sindicato policial.
Añaden a mayores desde el CEP que “ya hemos dicho que lo más probable es no pagar las sanciones o hacerlo con un método ‘a la carta’. Y a pesar de ello, esta propuesta de ‘Sumar’ pide rebajar las cuantías de las multas. Pasando del mínimo de 30.001 euros de las muy graves a 25.001; cambiando las graves (ahora, de entre 601 y 30.000 euros) para dejarlas en cuantías entre 501 y 25.000 euros; y rebajando las leves, que pasarían de los 600 euros de tope máximo actuales a los 500. Sale más barato tomar la calle para hacer lo que te dé la gana, vamos… Y por supuesto, no podía faltar en esta propuesta de recorte de la actual norma todo un clásico: el desplome de las exigencias para los actos en la vía pública. ¿Que se va de las manos una concentración y hay incidentes?. No pasa nada. “Quedarán en todo caso exonerados de responsabilidad cuando hubieran dispuesto las medidas de seguridad previstas en la comunicación y cumplido los requerimientos que, en su caso, les hubiera hecho la autoridad gubernativa”, dice esta propuesta.
¿Qué se te olvida comunicarla a la Delegación del Gobierno?. Tampoco pasa nada. “La falta de comunicación previa no determinará la comisión de esta infracción cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora”, añade el texto presentado por este partido político.
Este nuevo intento de amputar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana tiene otras muchas propuestas que la convertirían, a nuestro juicio, en un grave ataque a nuestro trabajo. Es el caso de la rebaja de las sanciones por tenencia y consumo de drogas, que pasaría de infracción grave a leve.
O el de los nuevos límites a la identificación –“habrán de ser motivadas y proporcionales”-, al acta de intervención de droga –gozará de presunción de veracidad “siempre que resulte coherente, lógica y razonable”-, al traslado a efectos de identificación –“en ningún caso
podrá superar las dos horas; excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas”- o a la identificación de los policías, a los que se amenaza con el régimen disciplinario como si hasta ahora no se aplicara…
Frente a este nuevo ataque a las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo, en CEP no esperamos nada de Interior. Primero, porque el ministro ya anunció al inicio de esta legislatura que pretende retomar esta reforma. Segundo, porque jamás se nos ha llamado a los policías simplemente para escuchar nuestra opinión. Por tanto, este es otro motivo más para mantener un conflicto colectivo frente a Interior que en CEP declaramos ya el 10 de abril, después de mes y medio sin acudir a reuniones con la Dirección General de la Policía y tras la manifestación multitudinaria de Madrid del 16 de marzo. Si tantos compañeros/as nos dieron un mandato de firmeza frente a esos desprecios, en CEP tenemos claro que no podemos traicionarles”.
