Sorpresa e indignación en la Guardia Civil por la inacción de la Fiscalía ante la concesión del tercer grado al etarra ‘Fiti’, condenado por el atentado de Zaragoza

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) expresa su profunda sorpresa y también su indignación tras conocer a través de los medios de comunicación la decisión de la Fiscalía de que no recurrirá la concesión del tercer grado al etarra Joseba Arregi Erostarbe, conocido como ‘Fiti’, condenado por su implicación en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que resultó en la muerte de once personas, entre ellas cinco niñas menores de edad.

“Esta actitud de la Fiscalía es una desconsideración hacia las víctimas del terrorismo y a todos aquellos que han sacrificado tanto en la lucha contra ETA. Durante muchos años, la Fiscalía de la Audiencia Nacional fue un auténtico azote contra los delitos de terrorismo, defendiendo con firmeza la justicia y la memoria de las víctimas. La inacción actual resulta inconcebible y dolorosa”, ha manifestado la portavoz de JUCIL, Milagros Cívico.

La aplicación de la actual política penitenciaria supone una humillación para las víctimas de los atentados y asesinatos cometidos por los terroristas de ETA, entre las cuales se encuentran también algunos asociados de JUCIL. “Se concede el tercer grado a terroristas sin que su arrepentimiento sea claro y contundente, reduciendo todo a meros trámites burocráticos que no garantizan un verdadero cambio de actitud por parte de los beneficiarios de esta política penitenciaria”, ha destacado Cívico.

Una Fiscalía comprometida colaboró en la derrota de ETA

JUCIL recuerda con orgullo los tiempos en los que la coordinación y el sacrificio de muchos guardias civiles, apoyados por la Justicia y especialmente por una Fiscalía comprometida, lograron la derrota de ETA y forzaron al grupo terrorista a abandonar las armas. Esta victoria no habría sido posible sin una postura firme y decidida contra cualquier intento de suavizar las penas de los terroristas. Mila Cívico resalta que esta nueva política de facilitar la consecución del tercer grado para los condenados por delitos de terrorismo en el País Vasco parece haberse intensificado desde que el Gobierno vasco asumió las competencias en materia de política penitenciaria. “Es inaceptable que se otorguen estos beneficios penitenciarios sin un arrepentimiento verdadero y profundo. La normativa exige que el arrepentimiento no sea un difuso documento, sino una manifestación clara y contundente que no deje dudas sobre la futura actitud del beneficiario”, ha concluido Cívico.

JUCIL lucha para que se haga justicia con los derechos laborales y sociales de los guardias civiles, muchos de los cuales son víctimas de aquella terrible violencia desatada en el País Vasco. Esta asociación velará por que se respete la memoria y el sufrimiento de las víctimas del terrorismo, y para que se mantenga una postura firme y coherente en la lucha contra el terrorismo y sus cómplices.