Ayer comienza en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio contra el narcotraficante que en noviembre de 2014 envistió la furgoneta que conducía con droga contra una patrulla de la Guardia Civil del puesto de San Roque, Cádiz.
Más de siete años esperando que responda ante la justicia el responsable de esta grave agresión para el que nuestro abogado, que representa a uno de los agentes, pide cuatro años de prisión y cinco meses de multa a 20 € diarios por delito de atentado a agente de la autoridad y cuatro años de prisión, con 20 mes de multa a razón de 20€ diarios y ocho años de retirada de permiso de conducir por delito contra la salud vial.
El siete de noviembre de 2014 los dos agentes agredidos en un control rutinario de verificación y control de vehículos dieron el alto a una furgoneta cuyo conductor hizo caso omiso a la orden de alto, iniciándose inmediatamente una persecución por la AP-7, a la que se unieron en apoyo otras unidades. Ya próximo al termino municipal de Casares el conductor de la furgoneta terminó envistiendo al coche patrulla provocando lesiones a los dos agentes, en concreto, a nuestro defendido las heridas sufridas en las piernas le han supuesto entrar dos veces en quirófano, 6 meses de hospitalización y una baja para el servicio de tres años.
Más de siete años en los que mientras el guardia civil entraba y salía del quirófano y del hospital tratando de recuperarse de las lesiones sufridas para volver a estar apto para el servicio, el delincuente ha seguido ejerciendo su “oficio” en libertad y sin responder de sus actos ante la justicia. Una situación que para la asociación de guardias civiles -AEGC- supone un doble escarnio para sus compañeros que han sufrido una agresión y han tenido que soportar la lentitud de la justicia, porque, ¿De qué nos puede resarcir una justicia que tarda siete años en sentar en el banquillo de los acusados al autor de un hecho tan grave?. Y aún queda un último agravio que soportar: una condena menor por considerar a los guardia civiles agentes de la autoridad en vez de autoridad como llevan años reclamando desde AEGC, “reclamamos un juzgado y una fiscalía específicos que se encarguen de los delitos de narcotráfico para que los juicios no se dilaten en el tiempo lo que posibilita a los delincuentes salir impunes por la dilación de la justicia, algo que nos tememos podría ocurrir ahora con este narco porque ya ha ocurrido en otras ocasiones”.
AEGC recuerda también que cuando se produjo este incidente avisaron que el incremento de la agresividad de los narcos pondría en mayor riesgo la vida de los agentes. Desgraciadamente el tiempo les ha dado la razón con varios miembros de las FCSE del Campo de Gibraltar muertos en acto de servicio, incluido un policía local.
Por todo ello, esta asociación espera que todas las promesas de mejoras que les han venido haciendo, desde las instituciones competentes, a todos los que luchan contra el narcotráfico no sigan dilatándose y de verdad se pongan en práctica, empezando por la consideración de zona de especial singularidad para todo el Campo de Gibraltar anunciado por el ministerio del Interior pero que seguimos esperando.
