La Unión General de Trabajadores valora la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la trasposición al ordenamiento jurídico español de la primera revisión de la Directiva 2004/37/EC sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición a cancerígenos o mutágenos en el trabajo. Es decir, aquellas incluidas en la Directiva 2017/2398, cuyo plazo para su trasposición expiró el pasado 17 de enero de 2020 y ante el que la Comisión Europea amenazó recientemente a España con llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no trasponía la citada revisión en el plazo de dos meses.
UGT ha sido muy beligerante en este proceso ya que, inicialmente, el Gobierno trataba de realizar una trasposición literal de la modificación de la Directiva, lo que suponía un grave deterioro del nivel de protección de la población laboral expuesta en nuestro país.
En este sentido, en el caso de la sílice cristalina se pretendía pasar del límite de 0,05 mg/m3 según nuestra legislación, a 0,1 mg/m3; en el del bromoetileno, de 2,2 mg/m3 a 4,4 mg/m3; y en el de la acrilamida, de 0,03 mg/m3 a 0,1 mg/m3. De esta forma, se hubieran visto incrementados los valores límites establecidos en nuestra normativa nacional, más proteccionistas que los incluidos en la modificación de la Directiva Europea. Ahora bien, se ha incluido un periodo transitorio de un año para la aplicación del valor límite del polvo de sílice, algo con lo que no estamos de acuerdo.
Gracias a las reiteradas reivindicaciones de UGT, se mantienen los valores límite para estas tres sustancias cancerígenas, lo que supone garantizar la protección de miles de trabajadores. En el caso de la sílice, ya en 2016 la Comisión Europea advertía que había 5,3 millones de personas trabajadoras expuestas a este cancerígeno en la UE, siendo España el país con mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras expuestos, con un 26,8% del total, una cifra que ha experimentado un acusado repunte en los últimos años.
Por otra parte, UGT recuerda que la Directiva sobre protección de los trabajadores frente a cancerígenos y mutágenos se ha visto modificada en dos ocasiones más, a través de la Directiva 2019/130, cuyo plazo para trasponerla al ordenamiento jurídico español finaliza el próximo 21 de febrero de 2021; y la tercera modificación, Directiva 2019/983, cuyo plazo finaliza el 11 de julio 2021 y la Comisión Europea ya ha publicado la cuarta propuesta de modificación.
