Se acabó el juego. Artículo completo: Despedida de José Luis Borrero
Alguno aún no se ha enterado de que el bicentenario de la Policía terminó su celebración el día 13 de enero de 2025. Bien es verdad que hay ejemplos de ello, como el de José Luis Borrero, quien se ha otorgado a sí mismo el título de historiador, y a quien mi maestro el profesor Ángel Martínez de Velasco, encuadraría sin ningún género de dudas, entre los que llamaba “historiadores ágrafos”. Eran aquellos que se vanagloriaban de saber mucho sobre una determinada época, pero que, en su vida, habían escrito una sola línea dando a conocer su mucha erudición. En el caso que nos ocupa, no es que no haya escrito una sola línea, es que lo que ha escrito, no tiene los avales académicos, históricos y documentales de los que presume con tal prepotencia y orgullo que da la sensación de que nadie, ni antes de él ni ahora, sabe escribir de historia. Esa superioridad le autoriza a no parar de dar lecciones. Su lógica a la hora de lanzar hipótesis dista mucho de la aristotélica, porque se contradice no solamente de un artículo a otro, sino que basta seguir leyéndole para darse cuenta de que ha perdido el oremus por carecer de coherencia. Por eso, en alguna ocasión, me he referido a él como Maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. Ni sabe de lo que habla, historia, ni habla de lo que, a lo mejor, realmente sabe, que es escribir novelas.
Esta inmensa superioridad científica que se autoatribuye, le lleva a creerse más sabio que universidades enteras, como la Complutense de Madrid o la de Salamanca, a cuyas facultades de Historia menosprecia y pretende dar lecciones de cómo tienen que hacer una investigación. He tenido la inmensa suerte de trabajar con María Dolores Herrero y tener contacto con su equipo de la Facultad de Historia de la UCM. He aprendido muchísimo, porque aportan una visión muy amplia a la historia de la policía y porque su trabajo es muy serio y brillante. Sin embargo, nuestro maestro Ciruela, se cree que le han bastado menos de dos años para adquirir su sabiduría. Cabe preguntarse, pues, como en la zarzuela, ¿de dónde saca, para tanto como destaca? Lo veremos a continuación.
Tan superior se cree y con tanta prepotencia se comporta que hasta ha osado decirle a la Real Academia de la Historia qué es lo que tiene que hacer y qué no, según sus estatutos. Le ha echado la bronca a su directiva, porque ha tenido la osadía de permitir que se presentara en su sede un libro mío. ¡Como si tuviera autoridad para enseñar a los rectores de la Real Academia cuáles son sus obligaciones! Como, si un paracaidista en este campo, pudiera dar alguna lección a maestros consumados y reconocidos por sus aportaciones a la historiografía del siglo XIX, la presidenta y el secretario de la Academia, de los que seguramente nuestro maestro Ciruela no ha leído nada.
No tendría nada de extraño, porque la bibliografía está ausente en sus libros, cosa muy a destacar en los de historia. El tratamiento de los documentos merece capítulo aparte, igual que su concepto de lo honesto y de lo decente. Vamos a ver cómo los entiende.
Incluye, siendo un jurista de prestigio, en textos legales, cosas que no dicen; hace afirmaciones que contradicen los mismos textos que cita (un ejemplo el Real decreto de 2 de diciembre de 1847). Dice que este decreto suprimió los comisarios y celadores en toda España, lo cual es muy lógico, porque se desprende del articulado que decía: “Art. 1.° El servicio de protección y seguridad pública conservará en las capitales de provincia su actual organización, salvas las alteraciones que la experiencia acredite ser necesarias. Art. 2.° Se suprimen desde 1.° de enero de 1848 los comisarios y celadores de protección y seguridad pública que hoy existen en los partidos. Adultera otro Real Decreto de 2 de noviembre de 1840, del que dice que suprimió la Subdelegación especial de Madrid, cuando ni en su exposición de motivos ni en su articulado hace referencia a ella. ¿Habrá metido en él alguna chuleta o corregido al legislador? En el de 4 de octubre de 1835 sigue emperrado en que la inutilidad se refería a la Policía, cuando la realidad es que se refiere a su Superintendencia General, pues, aquella pasaría a depender del Ministerio de la Gobernación y de los gobiernos civiles. Son excelentes muestras de inutilidad, y, en especial, de decencia y de honestidad intelectual.
Suprime en otros textos lo que no le conviene que digan, como, por ejemplo, en el artículo 20, el apartado 2º de la Real Cédula de 18 de agosto de 1827, que atribuye a la policía competencias, que, evidentemente, no tenían carácter político. A esta figura se la conoce por adulteración de documentos. Habla de policía política, pero no ha tenido en sus manos ni un solo documento original e ignora todos los testimonios que le desmienten, que no son pocos.
Inventa reglamentos, decretos y órdenes a su antojo ¿quién se atreverá a poner coto a la inventiva de un novelista metido a historiador? Vayamos con unos pocos ejemplos. ¿Ha hallado ya el decreto-reglamento de 26 de agosto de 1836? ¿Qué pasa con el de 14 de julio de 1841? ¿Ha encontrado ya cómo echó a andar de verdad en Madrid el Cuerpo de Orden Público el día 7 de noviembre de 1868, dejando de confundirlo con las Juntas locales de Orden Público y si, en su organización, tuvo algo que ver la Guardia Civil, por lo que recibí insultos de su parte? ¿Qué pasa con su uniforme de 1871, “exactamente igual que el de la Guardia Civil”, según la prensa?” Le recuerdo que tiene pendiente el hallazgo de las plantillas de toda España de ese mismo cuerpo, si no ha leído aún la Gaceta de Madrid de 7 de julio de 1870. Tampoco sé, si ha encontrado ya qué uniforme utilizaba en 1871. Calificó mi afirmación de mentirosa. Le vuelvo a recordar, otra de sus rotundas verdades: el Cuerpo de Orden Público “nunca salió de Madrid”.
Lanza hipótesis, que están desmentidas por la bibliografía o por la prensa o por cualquiera otra fuente fiable, o, lo que es mucho peor, por los documentos, en que se apoya. Vamos a poner algunos ejemplos de hipótesis descabelladas. El primero: “La policía solamente prestó servicios en Madrid desde el año 1848 a 1879”. Del Real decreto de 1848 ya se ha dicho suficiente en el párrafo anterior para poder deducir que la policía siguió actuando en toda España. Cae una solemne burrada, solo comparable a las que hubiera podido cometer el asno literato, pintado por Goya. Hay más.
El Real Decreto de 13 de septiembre de 1854, del que también dice que suprimía la policía, ni fundaba ni suprimía nada. Se reducía a dejar sin vigor otro anterior de 4 de abril de ese año sobre la organización de la policía en Madrid. Reproduce el decreto, donde lo dice claramente, sin leerlo. El Cuerpo de Vigilancia no fue suprimido, ni en Madrid, ni en provincias. ¿Por qué se aprobaron en 1855 en unos presupuestos generales del Estado, en lo que se incluía una partida para pagar a los policías según la clase de la provincia en que estuvieran destinados? En 1858 se creó y se suprimió una Dirección General de Seguridad y Orden Público. ¿Es este otro de sus grandes aciertos? Hay otros muchos documentos, incluidos decretos en la Gaceta de Madrid, como uno de 1863, por el que se trata de unificar los criterios de actuación del Cuerpo de Vigilancia en toda España. Todos ellos desmienten de plano estas peregrinas afirmaciones, que, en efecto, carecen de toda base documental.
Busca reforzar su postura y sus teorías peregrinas, para decir que se celebró el 50º aniversario de la Policía, en tres periódicos. Esos periodistas que firmaron las noticias hicieron la misma investigación que él, es decir, ninguna, – ahora vas y lo cascas-. En otra ocasión anterior, tomó como dogma de fe lo que contenía un artículo sobre el celador de policía, ignorando completamente su origen. No era el boletín provincial que citó, sino la sección literaria de “El Eco del Comercio”, por lo cual todas las conclusiones que sacó de aquel artículo, en especial, la de que reflejaba una opinión general, eran falsas. Este es el cuidado que pone en dar una correcta interpretación a las fuentes que maneja, siendo muy propio de un historiador tan prestigioso, honesto y decente y ágrafo.
Recomienda, a los demás, lecturas, porque supone que han estado esperando a que él nos las dé a conocer. Actúa en consecuencia, sin importarle hacer el más completo de los ridículos. Lo del artículo de Larra sobre la policía fue el hito más alto en este capítulo: no solamente yo lo había leído, sino que había publicado dos artículos sobre él en tres revistas (2012), bastante antes de su recomendación. Demostró no conocer la bibliografía que existía, lo que le llevó a alguna de sus interpretaciones más peregrinas. Sin embargo, él nunca mete la pata…
Adultera todo lo que lee. Utiliza la primera edición de algún libro, porque no se imagina que pueda haber una segunda que haya mejorado la primera. Tal vez esto suceda porque ninguno de sus libros haya logrado pasar de la primera edición y todos sean autoeditados. De tres de los míos, se han hecho ya dos y están agotadas. ¿De dónde saca su orgullo, su prepotencia y su complejo de superioridad? ¿Puede decirnos cuántas personas fueron a la presentación de su primer libro contra el bicentenario en la Academia de Nobles Artes de Antequera? La razón de esta pregunta, es que solamente vi el anuncio de que se iba a celebrar, pero no he encontrado ninguna reseña de que se llevara a cabo. Deduzco que, como decía el dúo Sacapuntas, la plaza estaría a rebosar… de sillas vacías.
Extiende a todo el territorio, reformas de la policía que solamente afectaron a Madrid, o a alguna otra provincia. De esto, se ha puesto algún ejemplo más arriba. Vamos a analizar, lo del reglamento de policía de Cáceres de 5 de octubre de 1836. No dice que Protección y Seguridad Pública haya sustituido a la Policía General del Reino. Se refiere a su reglamento en las partes que lo modifica, porque, en su exposición de motivos, lo que realmente dice, es que ese es el nombre “con el que se conoce ahora a la policía”, o sea, que se solamente se le había cambiado de nombre. El articulado se refiere a una comisión que debe formarse en cada ayuntamiento para encargarse de los asuntos de la policía que le han sido transferidos y del nuevo régimen de los documentos de identidad y de viaje. En ninguna parte, aparecen los empleados que están a la orden inmediata del jefe político, según el artículo 2º del Real Decreto de 4 de octubre de 1835. Ni tampoco se habla de la supresión de esos empleados ni de su aumento o reducción. Una real orden circular de 18 de diciembre de 1836 certifica que seguían prestando servicio.
Ignora completamente el lenguaje utilizado en los documentos, porque no ni idea del que se utiliza en el siglo XIX. Esto permite a historiadores de verdad que se puedan reír de él sin que se entere. Se confirma lo dicho con varios ejemplos. Preguntaré: ¿qué quiso decir de verdad en sus intervenciones el general Facundo Infante en el Congreso de los Diputados el 13 y 14 de julio de 1841? Sigue sin saberlo y, lo que es peor, es incapaz de averiguarlo. La consecuencia es que se ha tragado sin pestañear cualquier interpretación que se ha hecho de las palabras del general, porque no se ha enterado de su significado.
Habla y repite lo que dice la exposición de motivos de un Decreto de 2 de septiembre de 1837 por el que se formó una comisión, a la que se le encargó la redacción de un reglamento para el ramo de Protección y Seguridad Pública. En la exposición de motivos hablaba de la supresión de la policía de 1824. Se refería, evidentemente, a la organización independiente de la policía, pues había sido integrada su estructura en la del Ministerio de la Gobernación. Se fundaba esa afirmación en una real orden de 18 de diciembre de 1836. Un poco más bajo, decía que no se trataba de crear una policía nueva. Es decir, de dotarla otra vez de esa organización autónoma, que la asemejaría a la policía de 1824. Debería seguir dependiendo directamente del ministro de la Gobernación y de los Jefes Políticos en las provincias.
Esta interpretación es la correcta por dos motivos. El primero, porque la real orden de 18 de diciembre de 1836 seguía reconociendo la realidad surgida del decreto de octubre de 1835. En ella había un texto clave, que no he citado nunca[1] para poder comprobar su comprensión lectora. Lo hubiera hecho para ahorrarle unas cuantas búsquedas inútiles por los Boletines Oficiales de las provincias y unos costes en la autoedición de su segundo libro, la gran mentira, en el que ocupan un lugar un muy destacado. Eran estas líneas: “V.S. sin levantar mano, se ocupe en proponer a S. M. el arreglo que, atendidas las circunstancias, convenga hacer en los empleados que en la capital y pueblos de consideración de la costa y fronteras deban ocuparse a sus inmediatas órdenes bajo la base de la más estricta economía”. Esos empleados, salvo que su superior conocimiento diga lo contrario, pertenecían al ramo de Protección y Seguridad Pública, que era, según una cita anterior del Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, como entonces se conocía a la policía.
Segundo motivo. De hecho, la policía, como quedó estructurada por el real decreto de 4 de octubre de 1835, siguió funcionando después de ese decreto, en que se nombraba a aquella comisión, que no hizo absolutamente nada, según Modesto Lafuente en su “Fray Gerundio”. Se confirma lo dicho con algunos ejemplos: en julio de 1837, como un mes y medio, antes, empleados dependientes del Jefe Político de Madrid, dos comisarios y otro de Valladolid habían participado en la detención de Luis Candelas. Caravantes da los nombres. Ese mismo año en un informe, el Jefe Político de Madrid pedía que le doblaran el personal que dependía de él; el año siguiente, 1838, se constata la existencia de una Ronda especial de Seguridad compuesta por 20 celadores -que venía actuando desde muchos años antes- a las órdenes del mismo Jefe político y el Capitán General de Valladolid felicitó a la policía de Logroño por los servicios que había prestado; en 1839 se publican servicios realizados por la ronda especial de Seguridad de Sevilla, en 1841 en el Congreso se dice que este ramo estaba presente en todas las provincias….¿Qué más pruebas quieres? Da igual las que se aduzcan, porque no admite que se le pueda llevar la contraria y se desahoga insultando. Todo lo que antecede constituye una demostración del cuidado que pone en respetar la literalidad de los documentos.
De todo lo que antecede, se comprende que la tentación de reírme de él haya acechado muy de cerca. Confieso, aunque meta la pata, no haberla podido resistir y caído en ella. Reconozco que he abusado de su comprensión tan deficiente del lenguaje de los documentos. ¿Para qué seguir echándole en cara otras muchas de adulteraciones, falsedades, mentiras, informaciones no veraces y tesis descabelladas? Se podría escribir con ellas un libro mucho más voluminoso que el de todas las antologías del disparate conocidas. Confieso que había reunido muchos otros ejemplos parecidos a los que anteceden de su decencia; de su honestidad; de su rigor y de su gran capacidad para analizar documentos y de su buen hacer como historiador. No voy a utilizar ninguno.
He cometido el pecado mortal de ser policía, hecho que, según él basta para inhabilitarme e impedir que me pueda dedicar a investigar la historia de mi cuerpo. Supone que, por el mismo hecho de ser policía, tengo intereses espurios. No importa mi preparación previa -es titulitis, que no sirve para nada, según su opinión, aunque la suya de índole jurídica, ya lo hemos demostrado, le haya servido hasta para falsificar citas de documentos-. A él, sin embargo, le basta para escribir historia de la policía con haber estado cuarenta y cuatro años en la Guardia Civil. Tiene el don de la ciencia infusa, porque su sabiduría la adquirió repentinamente por una especie de Pentecostés particular. ¿Cuántos años lleva investigando para atreverse a dar lecciones a nadie? ¿Cómo ha podido hacerlas, si nunca ha pisado en un archivo y demuestra tantas veces no entender el lenguaje utilizado en documentos que forzosamente tiene que manejar?
Al final, he llegado al convencimiento de que con él pasa lo del chiste del avión español que sobrevolaba Gibraltar y del que decían los ingleses que no hacía falta dispararle: “¡Ese se cae solo!” Se acabó. No voy a seguir este sucio juego. Por esto le digo, que hasta nunca: jamás volveré a ocuparme de nada de lo que escriba. No merece la pena, perder ni una gota más de mi energía ni de mi tiempo, porque, para desprestigiarse, se basta y se sobra él solo. No necesita ayuda de nadie. Le animo a seguir escribiendo cartas, de las que ignora los juicios que merecen -y expresan en público- sus receptores y que siempre terminan archivadas en el mismo lugar, según ellos: en la papelera. ¡Ah! Debe recuperar el uso exclusivo del tricornio, a ver si con él se le pega algo del honor y de la decencia, que, según su propia confesión, están ligados a esa prenda, no a grandes servicios prestados y que sigue prestando la Guardia Civil. De paso, dejará de desprestigiarla, cosa que, por lo visto, no es consciente o le importa un pimiento.
Me acusa de ¡ocultar textos aparecidos en la Gaceta de Madrid!, como si eso estuviera en mis manos. Este texto también está en la Gaceta de Madrid, lo que ha pasado es que no me dio la gana citarlo para ver qué pasaba. Siento haber aumentado los costes de la autoedición de su segundo libro, porque ha dedicado un espacio desmesurado a esta cuestión que, a lo mejor, de haber leído correctamente esa real orden circular de 18 de diciembre se hubiera ahorrado.
