La reforma de la ley de seguridad ciudadana no ha salido adelante. PSOE, PNV, Podemos, Esquerra y Bildu han fracasado, circunstancia que permitirá que la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy siga vigente. La ley ha descarrilado en la Comisión de Interior, donde han votado a favor 18 diputados (PSOE, Podemos y PNV) y 19, en contra (PP, Vox, Cs, ERC, Bildu, UPN y JxCat). Se precisaban más “síes” que “noes”.
JUPOL, JUCIL, JUSAPOL y CEP, representantes de los agentes policiales, celebran públicamente este fracaso
Una de las líneas rojas marcadas por JUPOL ha sido la utilización de uso de material antidisturbios para el control de grupos violentos, el rechazo frontal a este punto y otros muy lesivos para los intereses de los policías y los ciudadanos motivaron manifestaciones multitudinarias lideradas por parte de JUSAPOL, JUPOL y JUCIL, remarcando que gracias a la presión ejercida en las calles y en las instituciones se ha conseguido frenar este proyecto de Ley que solo beneficiaba a delincuentes y violentos.
JUCIL ha expresado públicamente su satisfacción por el hecho de que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados haya desistido en su sesión de hoy martes de continuar con la reforma prevista de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Se trata de una decisión prudente y adecuada que evita la reforma y derogación de artículos de la Ley que afectarían de forma grave a la efectividad de nuestras intervenciones, además del grave riesgo que generaría para la paz en las calles y la seguridad de los ciudadanos, para la integridad física de policías y de guardias civiles y también para la seguridad de nuestras familias”, ha declarado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, tras conocer la decisión.
“Las Fuerzas de Seguridad del Estado han podido garantizar hasta ahora el orden público que nos demanda una sociedad democrática, avanzada y moderna como la española. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en los términos en los que se anunciaba, nos habría adentrado en un escenario de dudas e incertidumbres” ha precisado Vilariño, quien ha añadido que estos cambios normativos “son una cuestión de estado que requiere de un análisis prudente para no convertir una reforma, cuya necesidad no discutimos, en un laboratorio y debe de llevarse a cabo con la asistencia, la opinión y la consulta a los expertos y a los profesionales que tendrán que ocuparse de su aplicación. Nos congratulamos de que los parlamentarios hayan decidido paralizar la reforma, tal y como proponíamos en el estudio de expertos jurídicos que les entregamos en marzo del año pasado”, ha concluido Ernesto Vilariño.
Desde la CEP remarcan que la división parlamentaria entre los socios que sostienen al Gobierno ha terminado siendo el principal aliado de los policías nacionales a la hora de tumbar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, después de año y medio de polémicas por una iniciativa que se ha desarrollado de espaldas a los profesionales de la seguridad pública. La puntilla a este proyecto de modificación normativo mantiene el escenario actual, en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán seguir recurriendo a la principal herramienta que vertebra las intervenciones policiales frente a actuaciones incívicas o violentas.
Esa garantía, que el sindicato policial CEP ha venido reclamando durante todo este proceso, remarcando que es clave para el mantenimiento de un modelo policial que descansa en la responsabilidad de los agentes y en la aplicación de los recursos legales a su alcance bajo principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad y no, como “falsamente se ha sostenido para construir un relato que permitiera el recorte de la mal llamada ´ley mordaza’, desde la arbitrariedad”.
La forma en la que se ha impulsado esta iniciativa parlamentaria llevó a la Confederación Española de Policía a posicionarse en contra de ella en reiteradas ocasiones. Y el principal motivo ha sido que las propuestas que planteaban diferentes grupos parlamentarios afectaban nuclearmente al trabajo policial, a la seguridad personal de los policías y a la calidad del trabajo que desarrollan en toda España frente al repunte de la delincuencia violenta, contra el que el peor mensaje que se puede lanzar es que la conveniencia política puede abrir la puerta a la impunidad.
Desde la CEP apuntillan que la seguridad ciudadana es una parcela que necesita mantenerse alejada de la disputa política y de intereses partidistas. “Solo desde ese respeto puede entenderse que la convivencia descansa en la aplicación equilibrada de la protección de los derechos y libertades y la firmeza democrática frente a la violencia y al delito” dicen, “esa y no otra debe ser la principal lección a extraer de todo este proyecto de reforma legal, que ha sacado a las calles a miles de profesionales de la seguridad pública”.
Fracaso estrepitoso de los enemigos de la “Seguridad Ciudadana”: la Ley no será modificada
