El sindicato subraya que la condicionalidad establecida en esta ocasión por Europa para recibir los fondos evita, explícitamente, la imposición de una agenda de políticas concreta.
Además, en lugar de medidas originadas en instancias opacas, esta vez son preferibles los mensajes que apelan a la solidaridad, la reducción de desigualdades y la fuerza del proyecto común.
UGT advierte de que la UE no puede volver a cometer los errores del pasado sino quiere jugarse su credibilidad de nuevo.
La aprobación del programa “Next Generation Europe” (NGEU) en el verano de 2020, que pondrá a disposición de España hasta un total aproximado de 140.000 millones de euros en los próximos años, es un indudable éxito político para las instituciones europeas y constituye una marcada diferencia en la respuesta a esta crisis comparada con la aplicación de la austeridad y, en palabras de varios representantes de la UE, otros “errores del pasado” que caracterizaron la respuesta a la crisis de los años 2008 a 2013.
Sin embargo, es preciso entender que la liberación de estos fondos está sometida a cierta condicionalidad introducida como cesión de la Comisión a las posiciones de países como Holanda, Dinamarca o Austria, necesaria para lograr su aprobación. La forma en la que esta nueva condicionalidad va a instrumentarse se especificó el pasado 21 de enero de 2021 con la aprobación de la Regulación para el Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia (FRR).
Para la Unión General de Trabajadores esta condicionalidad en la distribución de los fondos, en sí, no es algo positivo, aunque en esta ocasión las instituciones europeas, persiguiendo “no cometer los errores del pasado” han dado forma a una condicionalidad diferente buscando requisitos más adaptables en términos económicos y políticos, y diseñados por parte de cada estado.
Sin embargo, sigue permaneciendo un proceso de negociación abierto entre Comisión y gobiernos en el que la vuelta a la imposición y la unilateralidad, como en la anterior crisis, podría producirse. Por ello, UGT ha elaborado un informe “La condicionalidad en los fondos Next generation Europe ¿Corrigiendo los errores del pasado?” que muestra las razones por las que esto no sería deseable, prefiriéndose acuerdos socialmente amplios y que apelen a la solidaridad, redistribución y esfuerzo compartido, como ha sido el caso de las medidas adoptadas en la crisis del COVID.
El sindicato considera que el objetivo de “no cometer los errores del pasado” no puede cumplirse a base de recomendar las mismas medidas que entonces. También que, en lugar de las medidas originadas en instancias opacas, sin atribución de autoría o responsabilidad e introducidas mediante presiones, son preferibles los mensajes que apelan a la solidaridad, la reducción de desigualdades y la fuerza del proyecto común.
En este sentido, reivindica que el diálogo social debe tener un papel protagonista, como mecanismo privilegiado para generar consensos amplios y compromisos que se aceptan voluntariamente y se refrendan de forma pública y transparente.
No cometer errores del pasado
UGT señala en el informe que ni la condicionalidad en sí, ni los programas generalmente aplicados bajo condicionalidad, han logrado hasta ahora resultados específicos y lo que es preciso es examinar de qué tipo de condicionalidad se está hablando y qué políticas concretas se aplican algo que también debe hacerse con las llamadas “reformas estructurales”, término difuso que se ha utilizado en los paquetes condicionados, y que han supuesto la aplicación sistemática de una determinada opción de política económica.
El sindicato recuerda que lo sucedido en la última crisis constituye un ejemplo de malas prácticas que no puede volver a repetirse ya que la condicionalidad aplicada por las instituciones comunitarias en 2010 y 2012 obligó a ajustes fiscales que fueron directamente responsables de la prolongación de la crisis, y que, combinados con aquellas reformas estructurales que afectaron al mercado laboral, a las pensiones y a los servicios públicos, condujeron a un empeoramiento de la situación económica y social en aquellos países donde se aplicó (entre ellos, España).
Además del contenido de las medidas, entonces se abundó el uso de canales opacos, presionando más allá del reparto competencial consagrado en las leyes, a espaldas de los parlamentos nacionales o de la UE, y todo ello generó un grado de desafección ciudadana con el proyecto europeo que supuso un caldo de cultivo propicio para el auge de movimientos políticos de populistas y de extrema derecha.
Diferencias en el mecanismo de condicionalidad
La condicionalidad adscrita a los fondos europeos Next Generation Europe es, en teoría, muy diferente puesto que desaparece, por el momento, el ajuste fiscal y la Comisión no impone un conjunto de medidas concretas, sino que estas son decididas por los estados miembros pasando de un sistema basado en los indicadores de desequilibrios macroeconómicos a otro basado en el Informe País, de base más amplia y cualitativa, dando como resultado unas Recomendaciones Específicas por País con orientaciones para la política económica.
Esta nueva orientación debería eliminar toda tentación de imponer un nuevo paquete de ajustes o reformas o, dicho de otro modo, las reformas concretas que se realicen en el sistema de pensiones para mejorar su sostenibilidad, o en el mercado laboral para reducir la temporalidad, son responsabilidad de los gobiernos nacionales, y desde Europa no puede imponerse ninguna medida o política específica para ello. La credibilidad de la Unión Europea vuelve a estar en juego, con el antecedente del descrédito acumulado de 2010 a 2013.
El sindicato entiende que el nuevo marco de condicionalidad del que se ha dotado a los Fondos Next Generation Europe no permite, como tal, la imposición desde las instituciones europeas de una agenda de políticas concreta, y en este sentido, la apelación por parte de los gobiernos a que “Bruselas exige” carece de fundamento literal, aunque pueda ejercer presión, en las negociaciones, para caminar en una u otra dirección, sobre todo si no encuentran una resistencia unánime dentro del Gobierno. De ahí la importancia de la participación de los interlocutores sociales en el diálogo social de los fondos estructurales.
