El panorama internacional dibuja un “mapa caliente” en cuanto a conflictos armados se refiere. El viejo continente es una olla a presión caldeada por la lucha armada en Gaza y Ucrania. Sin embargo, hay otros puntos del planeta que pueden romper la baraja y desencadenar una guerra a gran escala. En Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria se viven actualmente conflictos o guerras que afectan el orden geoestratégico mundial.

En este futuro cada vez más incierto nos invade la duda sobre quién formaría parte del Ejército español en caso de que el país tomase parte y se involucrase de lleno en un conflicto armados. El debate se abre sobre el reclutamiento de civiles. En España, la legislación establece los procedimientos y requisitos para movilizar a ciudadanos en caso de emergencia nacional. A continuación, exploraremos cómo sería este proceso y qué dice la ley al respecto.

Desde 2001, España cuenta con un ejército profesional, tras abolir el servicio militar obligatorio (la “mili”). Actualmente, las Fuerzas Armadas están compuestas por aproximadamente 120,000 efectivos. Ellos serían los primeros en defender nuestro país, los mejor preparados y con conocimientos en campo y teóricos para emprender cualquier tipo de acción tanto ofensiva como defensiva.

La Ley de la Carrera Militar contempla tres tipos de reservistas:

• Reservistas de Especial Disponibilidad: Exmilitares que salieron del ejército al cumplir los 45 años y civiles que han solicitado su adscripción a las Fuerzas Armadas. A ellos se les volvería a llamar aunque no para formar parte de la primera línea sino más bien para puestos de mando, gestión o asesoramiento.
• Reservistas Voluntarios: Se trata de ciudadanos que se ofrecen voluntariamente para servir en situaciones excepcionales. Ya de por sí formar parte de las Fuerzas Armadas es de carácter voluntario y en este caso las puertas se abrirían para acoger a quien tome la decisión de defender España ante la nueva amenaza.
• Reservistas Obligatorios: En este apartado entrarían todos aquellos civiles sin vínculos previos con las Fuerzas Armadas . Podría ser un punto incluso en el que policías o vigilantes seguridad fuesen llamados a filas teniendo en cuenta su conocimiento en manejo de armas. Nos encontraríamos ante un reclutamiento masivo al amparo del artículo 30 de la Constitución: “Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España”. El perfil para convertir en soldado sería prioritariamente hombre o mujer, con o sin experiencia militar y entre 18 a 53 años.

Derecho a la Objeción de Conciencia

El artículo 30.2 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Esto significa que un reclutamiento forzoso no sería posible en España, ya que los ciudadanos pueden negarse a participar en conflictos armados por razones de conciencia. De todas formas, una guerra es una guerra y ante un hecho se gran magnitud cualquier norma prestablecida podría ser derogada por una orden actual.

Ley de Seguridad Nacional

Aunque no especifica el reclutamiento de civiles, esta ley establece un planteamiento estratégico que involucraría a toda la sociedad en situaciones excepcionales. Sin embargo, la objeción de conciencia sigue siendo un derecho fundamental protegido por la Constitución.

En resumen, en caso de guerra, los primeros en ser llamados serían los militares profesionales. El reclutamiento forzoso de civiles no está permitido, y la ley garantiza el derecho a la objeción de conciencia aunque cualquier escenario sería posible en función del momento en el que se encuentre inmerso el país o bajo las directrices de condicionantes externos. España se mueve entre el apoyo a sus aliados y el antimilitarismo, pero la Constitución es clara y contundente: los españoles tienen el deber de defender su país.

Autor: Jose M Puig