El secretario general del Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP) en Navarra, Eduardo Riballo y el secretario general de la sección sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Policía Foral, Chema Ferrer, se han reunido en el día de hoy en Pamplona para abordar la actual situación de lo que se conoce como pasarela de ambos cuerpos policiales entre sí. A la reunión también han acudido los delegados del SUP, Eduardo Garcia, y de CCOO, Javier Ojer.
La cita se enmarca dentro de la campaña que, a nivel nacional, se ha puesto en marcha por parte del ámbito de la seguridad pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Una campaña que pretende dar voz a los y las agentes de los distintos cuerpos de policía autonómica (Mossos d’Esquadra, Policía Foral, Ertzaintza y Cuerpo General de Canarias) que demandan la posibilidad de pasar a formar parte del Cuerpo Nacional de Policía. Una posibilidad que está recogida en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, y que, a día de hoy, sigue sin reglamentarse.
En esa disposición se indica que los funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas podrán ingresar en la Policía Nacional, en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia, en los términos y conforme a las condiciones que reglamentariamente, y con participación de las organizaciones sindicales representativas, se determinen, siempre que cumplan los requisitos generales exigidos en el artículo 26 y posean la titulación requerida para el acceso a cada escala.
Por otra parte, y atendiendo a criterios de reciprocidad, ambas representaciones sindicales han coincidido en la necesidad de establecer la misma posibilidad que viene recogida para los cuerpos autonómicos y que se materialice también para los y las miembros de la Policía Nacional que deseen ingresar en esos cuerpos. En este sentido, tanto CCOO como el SUP han apelado a sus respectivas directivas nacionales a que hagan lo propio y establezcan una posición común en la defensa de un derecho que será bien recibido por los funcionarios y las funcionarias policiales de ámbito autonómico y nacional.
Los dos sindicatos han recordado que ya han pasado cinco años desde la aprobación de la norma sin que ésta se haya desarrollado, y por ello han demandado al ejecutivo de Pedro Sánchez, y más concretamente, al Ministerio de Fernando Grande-Marlasca a que dé los pasos necesarios y, en su potestad reglamentaria, lleve a cabo el desarrollo reglamentario de la norma, para así subsanar dicha deficiencia a la mayor brevedad posible, garantizando un derecho fundamental de estos empleados y empleadas públicos.
