El sindicato de Policía Nacional Confederación Española de Policía (CEP) reclama al Ministerio del Interior la revisión urgente de la estrategia policial de lucha contra los grupos juveniles violentos que, cada vez con mayor intensidad y con una agresividad preocupante, están protagonizando reyertas, ajustes de cuentas y agresiones que solo en las últimas horas han provocado en Madrid lesiones de gravedad a varios jóvenes y la muerte de dos de ellos por el empleo en esos ataques de machetes.
Remarcan desde este sindicato que después de que se llevara a cabo la potenciación de la Brigada Provincial de Información de la capital a petición suya, creen necesario renovar ese refuerzo de las capacidades operativas para hacer frente a esta amenaza contra la seguridad ciudadana de los madrileños y de todos los españoles. No sólo por el incremento de hechos registrado en los últimos meses sino por los recursos policiales que se dedican a acreditar en sede judicial que los detenidos por una agresión de este tipo forman parte una organización criminal.
Junto con ese refuerzo de las unidades especializadas de investigación de toda España, reclaman a su vez un plan integral de formación para los policías de las unidades de seguridad ciudadana -Grupos de Atención al Ciudadano, Grupos Operativos de Respuesta, Unidades de Prevención y Reacción y Unidades de Intervención Policial- que permita conocer en profundidad esta amenaza, a los miembros de esas bandas y las actividades que protagonizan sus integrantes, que afectan no sólo a los delitos contra las personas sino
también a los vinculados al patrimonio (robos con violencia e intimidación, hurtos, etc.).
Indican que esta formación permitirá, además de anticiparnos a las actividades violentas de las bandas, detectar y aflorar aquellos delitos que por miedo no se ponen en conocimiento de la Policía Nacional o el resto de Cuerpos de seguridad.
En este sentido, la Fiscalía Provincial de Madrid, que en su última Memoria ya califica la actividad de aquéllas como “grave fenómeno”, alerta sobre la “enorme dificultad a la hora de abordar el análisis de la problemática, habida cuenta de que en este tipo de delincuencia existe también una importante ‘cifra negra’ de delitos que no se denuncian, debido a las características de actuación secreta y violenta de estas bandas y también al miedo y temor de las víctimas a sufrir represalias si formulan denuncias”.
Desde CEP creen necesario llevar a cabo una modificación del Reglamento de Armas para reforzar la consideración de arma prohibida de los machetes, con sanciones administrativas específicas y de mayor entidad, y que se lleve a cabo un control exhaustivo y real de su venta como ya ocurre con otro tipo de material susceptible de ser empleado en este tipo de ataques violentos.
Llaman la atención sobre el hecho de que la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que regula el tratamiento policial de los grupos juveniles violentos, del año 2014, ha quedado desfasada tras siete años de vigencia al no contemplar, entre otras materias, la nueva realidad de la violencia juvenil, que va más allá del origen latino de los miembros de estas bandas, en las que ya se integran a veces jóvenes de otras nacionalidades e incluso de origen español, y la necesidad de implicar en la actividad de prevención a las Policías Locales. “Es necesario, por tanto, renovar ese documento y concretar nuevas medidas de prevención atendiendo al análisis que de este fenómeno realizan los especialistas de las Brigadas de Información de la Policía Nacional”.