El gobierno catalán está tratando de culpar a la actuación policial de los graves disturbios ocurridos la semana pasada en Cataluña. La Generalitat ha evitado personarse como acusación en los juzgados, y salir así en defensa de los Mossos en los procesos judiciales abiertos contra los detenidos a los que se les imputan acciones violentas.
El gobierno de Torra llega incluso brindar apoyo institucional a los detenidos, y mientras, vuelca su acción de gobierno en denunciar la violencia policial publicamente e insta al consejero de Interior, Miquel Buch, que impulse “las investigaciones necesarias” sobre la policía autonómica.
El departamento de interior siempre se personó como acusación en defensa de los Mossos d´Escuadra, pero ahora desiste de acciones judiciales contra los detenidos de los CDR
El departamento jurídico de la consejería de interior del gobierno catalán comparece habitualmente, como acusación, en los procesos en los que hay mossos lesionados, para defender así los intereses de los agentes, respaldando así sus actuaciones policiales, pero en las ultimas detenciones el departamento jurídico no ha comparecido en sede judicial en las causas penales abiertas por las que 30 personas están en prisión provisional.
Todo ello queda reflejado en los autos de prisión, donde queda constancia de la inacción de la consejería de interior que debería defender a los Mossos d´Escudra, ya que en los mismos no figura la presencia de los representantes jurídicos de la Generalitat, como si constan las otras partes, hechos estos confirmados por la fiscalía de Barcelona.
Profundo malestar en la cúpula de los Mossos. “Nos sentimos absolutamente desamparados. Afecta a la defensa de nuestros agentes”
El presidente Torra insistió en pedir que se depuren responsabilidades entre los Mossos por sus actuaciones, y actuar de manera concienzuda con todos aquellos agentes que no se hayan ajustado a los protocolos policiales.
Un ejemplo del castigo institucional a los Mossos d´Escuadra son las declaraciones de Adam Majó, director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos dependiente del vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés (ERC). Majó, exdirigente de la CUP, hizo públicas unas declaraciones en las que manifestaba que la “percepción general de la sociedad catalana es que la gestión del orden público de los disturbios tuvo deficiencias graves”, “hemos visto usos abusivos y punitivos de la fuerza, aunque hemos recibido una valoración más negativa de la Policía Nacional que de los Mossos”. El director admitió que algunos altercados “superan el derecho de manifestación”, pero insistió en que la actuación policial ha generado “alarma social”, descargando así toda responsabilidad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Antonio Abarca para h50 Digital Policial
