El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mantenido una videoconferencia con el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Alberto Moya y la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía, Mónica Gracia.
Durante la misma han analizado la situación en la que se encuentran los profesionales de la seguridad pública, que vienen asumiendo desde la declaración del estado de alarma la vigilancia de las limitaciones en la actividad comercial y en la circulación de personas y vehículos para contener y frenar el contagio del Covid-19.
En este sentido, tanto policías como guardias civiles coinciden en la insuficiencia, en cantidad y calidad, de los equipamientos de protección necesarios para cumplir con seguridad sus cometidos, siendo necesario un mayor esfuerzo inversor del Gobierno en la compra y distribución de mascarillas, guantes de nitrilo, gafas y gel hidroalcohólico, además de mamparas de protección en las unidades que realizan el servicio de cara al público.
Otra problemática compartida en ambos Cuerpos es la necesidad de tener la consideración de colectivo de alto riesgo y, en consecuencia, acceder de forma preferente, como lo hacen otros tan esenciales como el sanitario, a las pruebas de diagnóstico de Covid-19. Esa medida resulta fundamental para garantizar la protección frente al contagio de los miembros de ambos Cuerpos como también lo es la imprescindible desinfección de dependencias y vehículos sometidos a un uso intensivo por los funcionarios y los ciudadanos con los que interactúan. Esas reivindicaciones, en definitiva, son un doble mecanismo de profilaxis destinado a frenar el contagio dentro y fuera del ámbito policial.
Los máximos responsables de SUP y AUGC han coincidido en trasladar el secretario general de CCOO la necesidad de que el Gobierno proteja a los profesionales de la seguridad pública, cuyo compromiso con la defensa de la seguridad ciudadana y de los colectivos más desprotegidos en esta situación es inquebrantable. En este sentido, han reclamado un mayor respeto al ejercicio del derecho de acción sindical y sociacionismo, de tal manera que en ambos Cuerpos se potencie la información y traslado de datos esenciales para que la normativa de prevención de riesgos laborales no se desvirtúe y siga siendo la herramienta de defensa de la salud de todos los policías y guardias
civiles.
Demanda que se une a la de protección de las situaciones laborales que requieren una adaptación más ágil para respetar situaciones personales y familiares relacionadas con problemas médicos o la conciliación. O a la que tienen que ver con el nombramiento de servicios en GC que, al haber supuesto la anulación de vacaciones, permisos y licencias, provocan arriesgado hacinamiento de los agentes en las dependencias y vehículos.
Por su parte, Unai Sordo ha trasladado el reconocimiento al trabajo que realizan los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil -así como el del resto de Cuerpos de seguridad, como policías autonómicas y locales-, y ha apoyado la demanda de ambas organizaciones de contar con información de sus Direcciones Generales y del propio Gobierno para poder ejercer su tarea profesional y sindical, incluyendo unas directrices y órdenes de servicio claras y que se apliquen por igual en todas las plantillas, evitando interpretaciones personales que lesionen derechos.
