El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se reunirá con el titular de Interior para trasladarle su preocupación y absoluto rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana vigente. En nombre de todos los policías, el SUP se opone frontalmente a una reforma que deja a los policías indefensos en el peor momento, en medio de una pandemia y del aumento de agresiones a los miembros de las FFCCSE.
El Sindicato Unificado de Policía se reunirá con el ministro de Interior el próximo día 15 de noviembre a las 18:00 horas. Un encuentro durante el que se hará entrega al titular de Interior de un documento elaborado por el SUP con todas las reivindicaciones del sindicato para lograr una mejora sustancial de las condiciones laborales de todos los policías.
El otro asunto de gran relevancia que se abordará durante la reunión será la reforma prevista de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, y la firme oposición de esta organización a esa iniciativa. Desde esta organización manifiestan no entender como el Gobierno pretende abordar una reforma que destruye el principio de autoridad, merma la capacidad operativa de la policía y pone en riesgo a sus agentes. Máxime, cuando vivimos un momento de especial conflictividad social, en medio de una pandemia y un aumento creciente de las agresiones a policías.
Así, trasladarán al titular de Interior, su preocupación por la retirada de la prohibición de grabar imágenes de policías en su trabajo. Una medida que pone en riesgo a los policías y sus familias, especialmente en los territorios de nuestro país que viven una conflictividad especial y donde los policías son objetivo de los violentos y quienes les apoyan.
“Esta reforma nos criminaliza y desprestigia. Sitúa a los policías al mismo nivel que los delincuentes cuando retira la presunción de veracidad que tenían las actas policiales frente a las declaraciones de los infractores”, aseguran los representantes de los agentes.
Y la reforma no sólo perjudica a los policías, también comprometen los derechos y la seguridad del resto de ciudadanos cuando se permita la celebración de manifestaciones “espontáneas” sin comunicación previa ni advertencia del recorrido. Una situación que pone en peligro a los policías que se verán obligados a intervenir, a los propios manifestantes y al resto de ciudadanos que sin tener nada que ver con las manifestaciones se verán afectados en sus derechos y libertades.
