El Ministerio del Interior vuelve a levantar polvareda entre los profesionales de la Policía Nacional y Guardia Civil. Esta vez con la nueva actualización del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista que da a las policías autonómicas el liderazgo de las investigaciones antiterroristas en las comunidades autónomas donde están desplegadas. Según afirma el Sindicato Unificado de Policía (SUP), “El nuevo plan despoja de parte de sus competencias históricas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una decisión más política que operativa”.
Para los representantes de los policías nacionales, la seguridad de los ciudadanos en un tema tan relevante como es el terrorismo no puede depender de la influencia que ejerzan sobre el Gobierno sus socios nacionalistas e independentistas. “No es lo más acertado, sin menosprecio alguno hacia otros cuerpos policiales, que sean policías autonómicas con limitaciones operativas y territoriales las que lideren investigaciones que afectan a la seguridad de todo el Estado y todos los españoles”, manifiestan.
Alegan simplemente a cuestiones operativas y al liderazgo de las investigaciones antiterroristas que han sido siempre, y debe seguir siendo, de las Fuerzas de Seguridad del Estado que disponen de mayores medios humanos y materiales para combatir el terrorismo. Según el SUP, otra razón para que sea la Policía y la Guardia Civil quienes se ocupen de liderar esta importante tarea, se halla en la alta movilidad de la amenaza terrorista que no entiende de fronteras y menos entre comunidades autónomas. “Son las FCSE las que se hallan desplegadas por la totalidad del Estado y las que mantienen la coordinación con sus homólogos del resto del mundo para combatir una amenaza global”, afirman.
Desde la organización sindical se defiende que, es de una lógica meridiana, que semejante tarea con la información sensible que la caracteriza deba investigarse bajo el mando de los cuerpos policiales que representan a la totalidad de los españoles.
Por todas estas razones, prácticas, operativas, de coordinación internacional y de una mínima lógica policial, no entienden que esta última ocurrencia del Ministerio de Interior. “Nunca será una buena idea anteponer las razones de índole política a la seguridad de todo el Estado”, sentencian.
