Tras más de seis años reclamándolas por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el reparto a la Policía Nacional de poco más de un centenar de dispositivos electrónicos de control, las llamadas pistolas Táser, llega tarde y en un número insignificante en un colectivo de más de 71.000 funcionarios. “Reclamamos que se agilice la distribución de los dispositivos, se cumpla la formación de los policías que los reciban y se garantice una normativa firme que ampare sin ningún tipo de dudas a los ciudadanos y a los policías que se vean implicados en intervenciones con este nuevo equipamiento”, manifiestan desde la organización.
Han sido necesarios más de seis años de trabajo del SUP para que los primeros dispositivos de control electrónico (las famosas Táser) lleguen a manos de sus compañeros. Durante todo este tiempo el SUP ha reclamado la compra de los dispositivos y posteriormente su distribución, denunciando la falta de interés del Ministerio de Interior para repartirlos. En este largo camino, han superado todo tipo de trabas burocráticas, legislativas y presupuestarias. Incluida la falta de interés de los diferentes gobiernos de España, reacios a dotar a los policías con estas herramientas tan útiles, siempre más pendientes de motivaciones políticas que prácticas.
Pero ahora que Interior por fin decide repartir el millar de dispositivos electrónicos que esperaban desde hace años cogiendo polvo en un almacén, resulta que no tiene cámaras suficientes para todos los dispositivos y solo puede repartir poco más de un centenar a la Policía y otro tanto a la Guardia Civil. “Han tardado dos años en darse cuenta de que es imprescindible que cada dispositivo incorpore una cámara que grabe el momento de su utilización, y acaban de licitar la compra de un millar de cámaras hace unas semanas”, denuncian.
“No tenemos otra opción que denunciar una vez más la imprevisión y la deficiente gestión del Ministerio de Interior en este asunto, y nos preguntamos si todo esto no obedece a las presiones de los socios del Gobierno que se oponen a dotar a la Policía Nacional y la Guardia Civil de un equipamiento que ya incorporan otros cuerpos policiales españoles”, comunican desde el SUP.
Por todas estas razones, reclaman que se agilice la distribución de los pocos dispositivos electrónicos disponibles, que se acelere la formación de agentes para acortar los plazos de entrega de las próximas remesas, y que se garantice una normativa firme y transparente sobre el uso de los dispositivos que ampare la seguridad jurídica de los ciudadanos y de los policías que se vean obligados a utilizarlos.
