El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero ha mantenido hoy un encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en el que ha mostrado oposición frontal y absoluta a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana
El sindicato JUPOL ha anunciado al ministro la creación de una mesa de diálogo y unión entre todas las organizaciones sindicales y asociaciones representativas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para llevar a cabo acciones en contra de la derogación de la Ley
El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero ha mantenido en el día de hoy un encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en el que se ha puesto en conocimiento del titular de la cartera de Interior la oposición frontal y absoluta de la organización sindical mayoritaria en el Cuerpo Nacional de la Policía a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana llevada a cabo por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
Para Rivero la derogación de esta Ley, supone “un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático”. El líder sindical ha añadido que la eliminación de esta Ley “no hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes”.
Mesa de diálogo y unión
Desde JUPOL se ha anunciado al ministro la intención de poner en marcha una mesa de unión y de diálogo entre todas las organizaciones sindicales y asociaciones representativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado que ponga en marcha acciones y medidas en contra de la derogación de esta Ley.
Aarón Rivero ha indicado que entre esas acciones se encuentran movilizaciones formadas por miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales.
En concreto, JUPOL ha anunciado que el próximo día 27 de noviembre convocará una manifestación en Madrid, bajo el amparo de JUSAPOL, y a la que se ha invitado a todos los sindicatos de la Policía Nacional, de policías locales y autonómicas y las asociaciones de la Guardia Civil.
Una manifestación bajo el lema “NO a la inseguridad ciudadana” y en la que como ha expresado Rivero “se busca la unión de todos los representantes policiales, unidos bajo un interés común y en defensa de todos nuestros derechos, en la que tendrán cabida TODAS las siglas.
Por otro lado, desde JUPOL se ha indicado al ministro la intención de poder ampliar esa mesa de diálogo a los poderes legislativos del Estado, para poder llegar a un acuerdo satisfactorio entre Gobierno y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y poder así elaborar una Ley de Seguridad Ciudadana que no suponga un riesgo para la operatividad y la integridad física de los miembros de las FFCCS.
Rivero ha afeado al ministro que la decisión de la derogación de la Ley se haya llevado a cabo sin tener en cuenta la opinión de ninguna de las organizaciones sindicales y asociaciones representativas en el Policía Nacional, en la guardia civil y en las policías autonómicas y locales
Aarón Rivero ha puesto de manifiesto al ministro del Interior que “esta derogación únicamente se corresponde con criterios políticos, que en ningún caso se ha tenido en cuenta la opinión de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que si se lleva a cabo la derogación de esta normativa quedarán de nuevo a los pies de los caballos, indefensos ante los violentos y los delincuentes, que son los únicos a los que beneficia el anuncio del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos”.
Ataque al principio de autoridad
La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ha asegurado Rivero, “busca limitarnos ante los violentos, reducir nuestra operatividad para poder apaciguar la violencia en las calles y poner el foco delictivo en los policías y guardias civiles en vez de en los delincuentes y los violentos”, por lo que para el secretario general de JUPOL supone “un ataque sin precedentes al principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en favor de los manifestantes violentos y los delincuentes”.
“La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana nos deja sin principio de autoridad, pero también sin medios para poder frenar la violencia, para evitar el saqueo de la propiedad privada y el destrozo sistemático de las calles en las que se producen manifestaciones violentas” ha añadido Rivero.
Integridad de los agentes y sus familias
La derogación de la Ley ha indicado el líder de JUPOL “nos deja sin derecho a la intimidad, permitiendo que nuestros enemigos puedan difundir nuestra imagen, poniendo en grave riesgo nuestra integridad física y la de nuestras familias”. Una situación que encima se produce en el momento que más atentados contra la autoridad se cometen en España. Una cifra que se incrementa día a día con más de 20 agresiones a policías diarias en nuestro país.
Una situación en la que para Rivero el ministerio del Interior, “lejos de ponerse del lado de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil parece que prefiere mostrar su apoyo a los que nos atacan, nos pegan palizas por cumplir con nuestro trabajo, insultan a nuestros hijos en sus colegios, nos lanzan piedras y adoquines o nos embisten con el coche”.
Criminalización de la Policía
Desde JUPOL, también se ha afeado la criminalización que a su parecer se está haciendo en los últimos tiempos desde varios sectores del Gobierno de España, siendo el último ejemplo el anuncio de la creación de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para Rivero, la propuesta de creación de esta oficina “es un insulto a la labor encomiable que llevan a cabo día a día todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siendo además las instituciones más valoradas por la ciudadanía”.
El secretario general de JUPOL ha recordado al ministro que “en España ya existen los mecanismos necesarios para depurar cualquier tipo de responsabilidad ante una hipotética mala praxis policial” y ha calificado de “muy grave que desde el Gobierno se intente debilitar la imagen de la Policía Nacional y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
“Una situación que confronta con el trabajo de otros gobiernos europeos como por ejemplo el francés que está arropando y protegiendo el trabajo policial, mientras en España se pone el foco criminal sobre el trabajo policial” ha concluido Rivero.
Equiparación Ya
Por otro lado, el secretario general de JUPOL ha trasladado al ministro del Interior un dossier en el que se detallan las principales líneas de trabajo y reivindicaciones de la organización sindical.
Unas reivindicaciones que según ha explicado Rivero están encabezadas por la consecución de la Equiparación real y absoluta de las nóminas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas y la necesidad de subsanar las cinco brechas salariales aún existentes entre los diferentes cuerpos policiales: sueldo mensual, pagas extraordinarias, retribución por asistencia a juicios, horas extraordinarias y segunda actividad y jubilación anticipada.
Según ha explicado el secretario general de JUPOL, unas brechas salariales que podrían ser subsanadas si el Gobierno de España procede a la reactivación de la Iniciativa Legislativa Popular propuesta por JUSAPOL y que fue vetada en el Congreso de los Diputados con los votos del PSOE y de Unidas Podemos en marzo del 2020.
Además, durante el encuentro con el ministro, Aarón Rivero ha trasladado otras preocupaciones surgidas en el seno de la Policía Nacional, como el aumento de las agresiones, la necesidad de proceder a la declaración de Zona de Especial Singularidad de Cataluña y del Campo de Gibraltar, la puesta en marcha de nuevas especialidades en grupos de la Policía Nacional (GAC, Extranjería, Judicial, etcétera), la provisión de vestuario adecuado, la creación de una nueva jornada laboral más efectiva y justa a través del conocido como turno 6 x 6 o la implantación de un seguimiento médico-psicológico de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
