JUPOL solicita que se aborde de forma urgente la catalogación de la zona como de especial singularidad, así como la ampliación del catálogo de puestos de trabajo de las comisarías del Campo de Gibraltar, la dotación de medios materiales y vehículos adecuados para garantizar la seguridad de los agentes que trabajan en el Campo de Gibraltar y la ampliación del personal policial en las unidades de UPR de la Provincia de Cádiz
El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha mostrado su satisfacción por la aprobación durante la Comisión de Interior celebrada ayer en el Congreso de los Diputados de la puesta en marcha de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la provincia de Cádiz.
Para el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, este anuncio supone “un primer paso en el cumplimiento de las reivindicaciones históricas del sindicato JUPOL en el Campo de Gibraltar” y ha añadido “supone un avance en la mejora de las condiciones laborales y de seguridad de los policías que luchan contra las mafias del narcotráfico en el Campo de Gibraltar”.
No obstante, Rivero ha aseverado que esta medida no es suficiente para solucionar los problemas policiales que se viven día a día en esta provincia y asegura que “es necesario llevar a cabo de forma urgente la declaración de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar, así como la ampliación del personal del resto de equipos de la UPR en la provincia”.
Para JUPOL, la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad, supondría una importante mejora en las condiciones laborales de los agentes de la Policía Nacional que trabajan en esta zona y que luchan día a día contra un narcotráfico cada vez más activo y más violento.
Con la aprobación de esta medida, los policías nacionales destinados en esta zona obtendrían una especial baremación, ampliación de las vacaciones, un complemento económico y la adecuación de los catálogos de puestos de trabajo de la zona. Unas disposiciones que harían más atractivo a este destino para los agentes y que, por lo tanto, evitaría los problemas de efectivos que se viven actualmente en el Campo de Gibraltar.
Antecedentes
El 24 de julio de 2018 se aprueba la Instrucción 9/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se pone en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, en el que se adoptan una serie medidas urgentes para atajar el “progresivo deterioro de sus condiciones de seguridad” como consecuencia del aumento de la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las organizaciones criminales que se dedican al contrabando de tabaco y el narcotráfico.
Posteriormente se aprobarían otras medidas como el Real Decreto-Ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, también enfocado a la lucha contra el narcotráfico y contrabando y siendo reconocida la problemática del Campo de Gibraltar por primera vez en los Informes Anuales de Seguridad Nacional de los años 2018 y 2019 de forma específica por primera vez.
Estos pasos tenían como objetivo el restablecimiento del principio de autoridad, ante la escalada de violencia de las organizaciones criminales contra las FFCCSE y restablecer la seguridad en la zona, que es percibida por los ciudadanos con gran preocupación y que repercute de forma muy negativa en la imagen que se traslada fuera de la comarca, en la que se ve al Campo de Gibraltar, a través de los medios de comunicación con sucesos vinculados con el tráfico de drogas y repetidas agresiones a los servidores públicos.
Las medidas adoptadas se han podido comprobar que han sido insuficientes, mostrando graves carencias a la hora de afrontar la crítica situación en la que se encuentra la zona, en cuanto a la problemática del Crimen Organizado y la violencia con la que actúan frente a las FFCCSE.
Para JUPOL el plan específico que se ha desarrollado en la zona lo que ha hecho ha sido trasladar la delincuencia de un área geográfica a otra con lo que la creación de una Unidad es un logro de JUPOL, pero no es suficiente. Se hace necesario una reforma legal que aborde la problemática del tráfico de drogas, para evitar que se produzca en el sur de España una fagocitación de las instituciones públicas.
Agresiones continuas
Desde el fallecimiento en junio de 2017 del policía local de La Línea de la Concepción, Víctor Sánchez, cuando perseguía contrabandistas de tabaco, han sido continúas las agresiones a los agentes de la autoridad y se ha tenido que lamentar el fallecimiento del agente del Guardia Civil, Fermín Cabezas, durante la persecución de un vehículo cargado de hachís en mayo de 2019.
Una situación que pese a los intentos del Gobierno de normalizar e intentar hacer ver que se ha restablecido el principio de autoridad, las continuas agresiones demuestran lo contrario. Agresiones cada vez más graves, como la brutal agresión en 2020 a un inspector de policía y su compañero en prácticas cuando prestaban servicio en Algeciras y que fueron brutalmente agredidos por un narcotraficante que conducía un vehículo 4×4 cargado de hachís, arrollándolos a ambos y causándoles graves heridas.
Estos hechos no son aislados y son continuas las agresiones en las intervenciones de la Policía Nacional que motivaron las medidas adoptadas por el Gobierno y que no han conseguido atajar la escalada de violencia hacia las FFCCSE por parte de las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico.
Por estos motivos, desde JUPOL se ha solicitado que se aborde de forma urgente la catalogación de la zona como de especial singularidad, así como la ampliación del catálogo de puestos de trabajo de las comisarías del Campo de Gibraltar, la dotación de medios materiales y vehículos adecuados para garantizar la seguridad de los agentes que trabajan en el Campo de Gibraltar y la ampliación del personal policial en las unidades de UPR de la Provincia de Cádiz.
