Así lo ha afirmado el Sindicato Unificado de Policía en referencia al ejercicio de incoherencia, difícil de superar, por parte del Gobierno que debe dotar a los policías de medios y normas para realizar su trabajo y que se dedica a lo contrario reformando la Ley para limitar la capacidad operativa de la Policía, especialmente en los casos de gran conflictividad social.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana barrerá de un plumazo lo que quedaba del principio de autoridad necesario para mantener la paz social y propiciará una inseguridad jurídica entre los agentes que menoscabará la efectividad policial.
Desde el SUP han manifestado su preocupación por este proyecto de reforma que plantea la retirada de la prohibición de la grabación de imágenes de los policías en su trabajo. Una nueva medida que pone en riesgo a los policías y sus familias, especialmente en los territorios de nuestro país que viven mayor conflictividad y donde los policías son objetivo de los violentos y quienes les apoyan. A pesar de que la reforma castigaría la difusión de las imágenes, una vez difundidas el castigo no es efectivo, el daño está hecho y es irreparable.
En lo referente al orden público, esta organización afirma que permitir que se celebren manifestaciones “espontáneas” sin comunicación previa, atenta contra las libertades del resto de los ciudadanos y pone en peligro a los policías obligados a intervenir. “La gestión de la autorización y comunicación de las manifestaciones es una atribución de las delegaciones gubernamentales en las que como policías no tenemos nada que decir, pero sí advertir que permitir manifestaciones “espontáneas” no comunicadas impedirá a los policías desplegar el operativo para proteger a los propios manifestantes. Igualmente, cuando el objetivo de los manifestantes sea un representante político o un evento internacional convocado en nuestras ciudades. Las nuevas medidas comprometen la seguridad y el prestigio de todos”, manifiesta.
“Incoherente también es retirar material de trabajo a los antidisturbios sin reemplazarlo con otro menos lesivo, algo que resta capacidad disuasoria a los policías y deja a los agentes (y a quienes protegen) a merced de los violentos”, aseguran.
Por otro lado, la reducción de las multas por infracciones como la posesión de sustancias estupefacientes no benefician en nada la seguridad de la ciudadanía. Lo mismo que condicionar la veracidad de las actas y atestados policiales a que supuestamente sean “lógicas y coherentes”. Esto último mancha injustamente la credibilidad del trabajo policial, también el trabajo de los jueces o de las delegaciones del Gobierno que a posteriori analizan esas actas y atestados policiales. ¿O es que antes de estas modificaciones legales los jueces aceptaban actas y atestados policiales ilógicos o incoherentes? Se trata de un paso más en favor de la destrucción del principio de autoridad.
Dese el SUP aseguran que otras modificaciones son imposibles de cumplir, como limitar en dos horas el tiempo para trasladar a una persona indocumentada a comisaría, identificarla y devolverla a su punto de origen. Una medida que no tiene en cuenta la falta de efectivos ni la carga de trabajo que soportan las comisarías. La vigente Ley ya garantiza los derechos de los ciudadanos estableciendo con claridad el tiempo límite y los motivos por los que se puede trasladar a personas indocumentadas para identificarlas, y los policías ya se ciñen estrictamente a cumplir la Ley mejorando los plazos en la medida de lo posible.
Por todos estos motivos, desde el SUP se han dirigido a los diputados de la Comisión de Interior en el Congreso solicitando que actúen con toda la energía y rapidez para evitar que se ejecute la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y se cause un perjuicio irreparable a los policías y a la totalidad de la ciudadanía de nuestro país.
