La publicación de las estadísticas de delitos sexuales de los años 2017 y 2018 ha experimentado un notable aumento de las condenas relacionadas con la comisión de delitos de naturaleza sexual, 20% en el caso de menores de edad, y un 6.6% en el caso de adultos.
Esas son las cifras con las que la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) pretende poner en relieve una serie de demandas para adecuar la labor de los agentes a la realidad delincuencial.
“Aparte de factores, socioeducativos, o penales, existe un trabajo policial respecto a los delitos de naturaleza sexual, devaluado en los últimos años, por los graves problemas de personal que sufren los cuerpos policiales, y en mayor medida la Guardia Civil”, declaran desde la asociación.
UniónGC demanda un aumento de las plantillas de las unidades tanto de prevención, como de investigación, que en el primer caso buscan con su trabajo diario, lograr una correcta seguridad ciudadana, y en el segundo caso de las unidades de Policial Judicial, tanto equipos territoriales, con unidades orgánicas y especialmente los equipos Mujer-Menor (EMUME), fuertemente devaluados en personal, en medios y en atribuciones.
“Las ya inadecuadas plantillas existentes, la falta de actualización de los catálogos, unido al impacto sufrido por las crisis, ha convertido a las Unidades de Policía Judicial en algunos casos, en fiscalizadores o supervisores del trabajo en cuanto a delitos sexuales se trata, de otras unidades”, denuncian a través de un comunicado.
Frente a esta realidad, UnionGC, demanda un fuerte aumento de plantilla para la Guardia Civil, y la incorporación de forma efectiva y cumpliendo la normativa interna, de nuevos agentes a las unidades de Policía Judicial, y más concretamente a los equipos Mujer-Menor. Reclaman además que se realicen actividades formativas que abarquen tanto la formación inicial, como el reciclaje de los componentes de estas unidades.
Desde la asociación también se solicita a las organizaciones sociales, con implicación en la protección de las víctimas, una conciencia más activa y su colaboración, en la exigencia a los poderes públicos, del cumplimiento de sus responsabilidades en la atención policial de las víctimas de delitos contra la libertad sexual.
