La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, aboga por establecer un plazo en el que los eurodiputados no puedan ser contratados como lobistas por conflicto de interés y, a la vez, ampliar la transparencia sobre las reuniones que mantienen en el marco de los procesos legislativos.
En el ámbito de las discusiones para mejorar la práctica política europea, sacudida por el Qatargate y demás escándalos de corrupción, Pagaza ha defendido en el Parlamento Europeo que debería darse “un salto más garantista, y publicar reuniones de diputados y asistentes cuando trabajan en el marco de un dosier legislativo”.
Pagaza ha propuesto desde diciembre pasado, cuando salieron a la luz los primeros casos de corrupción en el Parlamento Europeo, modificaciones ambiciosas del Registro de transparencia para adaptarlo a la realidad, aunque ello implique introducir cambios en el Acuerdo Interinstitucional de Comisión, Consejo y Parlamento.
El Registro de transparencia es una base de datos en la que figuran las organizaciones que tratan de influir en el proceso legislativo y de aplicación de políticas de las instituciones de la UE.
“Es el momento de dar un salto en materia de prevención general de los conflictos de interés y es el momento de establecer garantías adicionales para prevenir casos de corrupción como los que están siendo investigados. No puede ser que estemos preocupados por las puertas giratorias en otras instituciones como la Comisión Europea, y no abordemos el tema en la nuestra. Si algo hemos aprendido con el Qatargate es que hay que llevar a cabo un especial seguimiento de organizaciones que representen intereses de empresas de sectores estratégicos de terceros países de alto rango o de sus gobiernos”, planteó.
La Secretaría del Registro de Transparencia ha respondido a Pagaza sobre sus cartas del 22 de diciembre 2022 y 30 de enero 2023 en las que pedía formalmente la suspensión cautelar de su inscripción en el Registro de Transparencia de las organizaciones y grupos de interés que representen intereses específicos de terceros países, cuando esos países estén relacionados con escándalos de corrupción y estrategias de injerencia, y existan investigaciones judiciales en curso. Citó en su momento Qatar, Rusia y Marruecos, pero la voluntad sería ampliar la lista a todos lobbies bajo sospecha.
La Secretaría del Registro de Transparencia asevera en su respuesta que está investigando casos concretos de representantes de intereses registrados implicados en las acusaciones de corrupción, pero, además, como medida cautelar, ya ha suspendido efectivamente a las entidades que podrían haber infringido el código de conducta, después de que las autoridades nacionales han abierto una investigación judicial.
Además, indica que podrán abrirse nuevas investigaciones a la luz de la información que haga sospechar de una probabilidad razonable de incumplimiento del código de conducta.
Según asegura, el Registro “está haciendo todo lo posible por identificar y abordar cualquier situación que constituya una posible infracción del código de conducta”. Esto incluye situaciones en las que se sospecha que las actividades de representación de intereses de terceros países se aprovechan indebidamente de las inscripciones de intermediarios u otras entidades sin estatuto diplomático en el Registro de Transparencia.
