UGT y CCOO manifiestan su profunda preocupación por el deterioro constitucional, institucional y democrático que provoca el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gestión y autogobierno de la Justicia.
Para las organizaciones sindicales, esto supone una situación de anormalidad democrática muy alarmante que está dañando el correcto funcionamiento del sistema judicial y su legitimidad, al mismo tiempo que erosiona nuestro Estado de Derecho.
El deterioro del sistema judicial que provoca este bloqueo suscita inquietud en Europa y la Comisión Europea ha mostrado reiteradamente su preocupación y ha realizado llamamientos para que se proceda a su renovación. Al mismo tiempo, la acumulación de retrasos y la imposibilidad de cubrir vacantes en los organismos judiciales, resultado de la falta de renovación del CGPJ, genera alarma en la sociedad española.
La renovación del CGPJ en tiempo y forma no es una opción a disposición de los intereses políticos de los partidos ni una concesión con la que se pueda transaccionar. Es una obligación constitucional que las fuerzas políticas tienen el deber de cumplir.
Ante esta situación de ilegitimidad, ambos sindicatos exigen a los vocales, con el mandato caducado desde hace casi cuatro años y que, además, mantienen bloqueada sin justificación la renovación del propio Tribunal Constitucional, que sigan los pasos de Carlos Lesmes y dimitan para no ser partícipes del perjuicio institucional que se está provocando. Asimismo, ante el bloqueo existente, hacen un llamamiento a las fuerzas políticas, al Gobierno y al Poder Legislativo a que trabajen por superar esta situación con el objetivo de devolver la imprescindible normalidad democrática y constitucional al CGPJ, y restituir el correcto funcionamiento a la administración de justicia.
En relación al debate sobre el método de elección de los vocales del CGPJ, ambas organizaciones rechazan las propuestas para implantar un modelo en el que sean únicamente los jueces los que elijan a los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial.
En la actualidad, doce de los veinte vocales deben ser jueces o magistrados y los otros ocho, abogados y otros juristas, de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Todos ellos elegidos por mitad por el Congreso y el Senado, con el fin de que se respete la soberanía popular porque la justicia como cualquier otro poder en un Estado democrático emana del pueblo y no encuentra su fundamento en los intereses de ninguna esfera corporativa por muy cualificada que sea.
