Estupor en Lanzarote por el caso de Juan Morales Cuerbelo, un jubilado isleño, al que le reclaman una deuda de 1.790€ en concepto de agua y luz, correpondientes al periodo que su domicilio permanecía okupado por al menos dos hombres, un gallego y otro de nacionalidad marroquí, según el diario ABC.
Los hechos se remontan al mes de septiembre del pasado año. Juan, por problemas de salud, se trasladó unos días de su casa de Arrecife al domicilio de unos familiares en Playa Mujeres (Yaiza). Su sorpresa sería que al regresar nuevamente a su casa, ésta había sido okupada. Habían cambiado la cerradura de la puerta y no le permitían la entrada por medios de amenazas.
En estos casos, la Policía tampoco puede acceder de motu propio a la vivienda al haberse constituido una nueva morada (aunque haya sido por causes manifiestamente ilegales), a la espera de una resolución judicial.
El juzgado de lo Penal número tres de Arrecife llegó incluso a archivar el caso ante la imposibilidad de identificar a los ocupantes según el diario ABC. Afortunadamente, tras meses de batalla judicial y costosos trámites legales el juzgado de lo Civil número tres de esta ciudad finalmente autorizó el desalojo de los okupas, con auxilio de la Policía Nacional y Policía Local de Arrecife.
Juan tendría que hacer frente a los cuantiosos desperfectos ocasionado en su vivienda y para colmo, la empresa eléctrica Endesa le solicita el pago de una factura por valor de 1.190€ que coincide con el periodo en el que se mantuvo okupada su vivienda. Existen indicios racionales que la casa sirvió a los okupas como centro de cultivo de marihuana, de ahí la elevada factura de luz. Asímismo, la empresa de agua Canal Isabel II le reclama otra factura de 600€.
Mientras tanto, Juan tuvo que alquilar una habitación por 300€ al mes y acudir a comedores sociales para poder sustituir. Un auténtico drama, situación de la que ninguno estamos exentos, si la Ley no cambia drásticamente y se concede mayor margen jurídico a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante este tipo de atropellos contra la intimidad y la propiedad de los ciudadanos.
