Algunos dispositivos electrónicos como las impresoras están programados para que sean funcionales durante un número de usos o para que dejen de funcionar a partir de una fecha. A partir de cierto desgaste ya no son útiles, gracias a ello se sostiene su mercado y aparecen innovaciones. Con las leyes también ocurre que se quedan obsoletas, igual ocurre con las instituciones, que dejan de ser funcionales, a diferencia de los dispositivos no se trata de obsolescencia programada porque no se puede prever con exactitud la demanda de seguridad, pero al igual que las impresiones, el mercado (o la sociedad) demanda innovaciones adaptativas.
Estás de pie, frente al patrulla con el puente encendido los leds azules te deslumbran y al lado está tu compañero, de repente ves pasar un vehículo policial de otro cuerpo con los destellos encendidos y la sirena, parece que va a toda velocidad a la llamada de alguien que tiene problemas. Miras si la emisora funciona o si el teléfono corporativo está apagado pero no, todo funciona. Entonces recuerdas que vives en un país donde no hay coordinación entre cuerpos, no es un problema policial y tampoco puedes hacer nada, el problema es el modelo de estado.
¿A dónde van? ¿Quién está en peligro? ¿Si pudiese apoyar a esos compañeros de otro cuerpo, sería mejor para ellos? ¿Mejor para el ciudadano? ¿Es peor para alguien?
¿Se podría entender que una mujer no tuviese derecho a voto? ¿Alguien se imagina una motocicleta de 1000cc zigzagueando entre coches a 100 kilómetros por hora y el conductor sin casco? ¿Entraría en nuestra mente entrar en un avión de pasajeros y realizar un vuelo intercontinental donde la mitad de los pasajeros están fumando? Y lo más sorprendente, ¡que todo fuese 100% legal y conforme a derecho!
Varios denominadores comunes responden a estas preguntas: progreso, modernización, igualdad, actualización a los nuevos tiempos, mejora de los errores del pasado y avance hacia un futuro esperanzador. Estos factores que afectan a todo lo demás, no lo hacen a uno de los pilares básicos de nuestra patria, la seguridad pública.
¿Qué es la seguridad pública? Depende mucho de a quien le hagamos la pregunta, si le preguntas a mi madre, te dirá que para ella la seguridad es que no le roben el bolso unos rateros cuando va paseando por la calle. Quizás para mi pareja será poder salir a cenar con sus amigas y que ningún borracho las increpe por la calle, pero si se lo preguntas a mis abuelos, será que nadie asalte su casa de campo.
En el escenario de la seguridad pública se desempeñan un número de cuerpos insostenible en su número y en su presupuesto, que acarrea tanta descoordinación como ineficacia. Un escenario en que la cantidad sustituye a la calidad aunque la seguridad en el terreno sea más importantes los detalles que los números. En este abultado escenario existen competencias internacionales y estatales repartidas entre Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y Servicio de Vigilancia Aduanera. A lo anterior se suman tres cuerpos de Policía Autonómica, Policías portuarias y Cuerpos de Policía Local.
Esta cantidad ingente de corporaciones es fruto de una ley obsoleta aprobada en 1986, exactamente hace 33 años. Tres décadas donde la España que conocimos, nada tiene que ver con lo que tenemos hoy.
Las legislaciones relacionadas con la seguridad se han actualizado desde entonces, algunas son el Código Penal, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Reglamento de Armas o cualesquiera de las leyes reguladoras de personal de los diferentes cuerpos. Pero el alma jurídica que articula el funcionamiento, las competencias y la coordinación inter-cuerpos, sigue inmaculada.
Al inicio de nuestra democracia las amenazas para la seguridad eran muy distintas a las actuales, las Policías Locales tenían un peso mínimo, cuando las Policías autonómicas ni si quiera existían y cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional no disponían de unidades de investigación especializadas, las policías locales se limitaban al control del tráfico y al auxilio a las Policías del Estado. Pero el escenario en este momento ya es otro.
Si describiésemos a un agente de la autoridad en el año 2019 nos encontramos ante un profesional formado tanto física como psicológicamente, actualizado en las últimas novedades jurídicas, con un uniforme técnico muy alejado de la camisa con corbata, de los pantalones de tergal con raya y los zapatos negros de cordones. Con unas botas de última generación, un cinturón plagado de gadgets al más puro estilo de Batman, corpulento, con dos cargadores de repuesto, un chaleco antibalas y unos guantes anti corte puestos. Con estas características podría ser un policía local de un municipio de 5000 habitantes o un miembro del GRS de la Guardia Civil, quizás un agente de Policía Nacional destinado en la UIP en Madrid.
La profesionalización de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es más que evidente, pero desafortunadamente sigue dando la sensación de que existen policías de primera y policías de segunda, salarialmente hablando y competencialmente, en función del cuerpo de pertenencia aunque en la teoría tengan el mismo trabajo.
Desde la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, creemos que ya ha llegado el momento de hacer una actualización, la obsolescencia de las leyes no se puede programar porque la marca la realidad sociopolítica, pero la innovación adaptativa sigue siendo necesaria, la LO 2/86 ha sido útil pero ya no cumple con su propósito.
Es necesario revisar el modelo con visión sistémica y como un todo, con pragmatismo y sin corporativismos. De manera integral, revisar las competencias, los ascensos, los destinos, las recompensas, la uniformidad, el armamento y disociar a los agentes de sus colores para luchar todos por un mismo color y por un mismo sino. El de España y los españoles.
Autor: Jesús del Prado Gallo.
Policía Local
Policía Judicial. Director de Seguridad. Profesor de Oposiciones P.N. Experto en seguridad en el transporte.
