La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa que investiga la actuación de la Policía durante el referéndum ilegal del 1-O.
En el escrito del fiscal que ha remitido al juez, ha pedido el archivo de la investigación judicial al no ver desproporción.
Según consta en el escrito, “no hay dato o indicio alguno que permita sospechar una intervención policial global desproporcionada” en los centros de votación de Barcelona. Por ello, el fiscal ha pedido el archivo al amparo de la sentencia del Tribunal Supremo.
Sólo hubo casos aislados, apreciando desproporción en ocho actuaciones aisladas.
Las unidades de antidisturbios no actuaron contra las personas que acudieron a votar, sino que tuvieron que intervenir contra “todos aquellos que obstaculizaron, impidieron y entorpecieron, con agresiones físicas, en algunos casos, la intervención policial.
La policía se vio obligada a actuar por el insuficiente despliegue de los mossos desde primera hora y por orden judicial.
50 policías investigados.
Se ha tomado declaración en calidad de investigados a cerca de 50 policías, tras las cuales y tas el visionado de imágenes y vídeos, la Fiscalía ha manifestado que se rigieron por los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
Uso de la fuerza.
Se empleó el uso de la fuerza sobre aquellos que con actitud sediciosa pretendían que se celebrara el referéndum ilegal.
Se priorizó la seguridad de los ciudadanos y de sí mismos, utilizando la fuerza mínima imprescindible tras varios avisos, a las personas que empujaron, golpearon y lanzaron objetos a los agentes.
“Esa recalcitrante negativa y resistencia” de las personas que obstaculizaban el acceso de los agentes, “legitimó el uso de la fuerza policial.
Excepciones.
En siete intervenciones el fiscal si ve actuaciones desproporcionadas y pide llevar a juicio a ocho agentes por ellas.
Los mandos, finaliza el fiscal, no deben seguir investigados, al no ser responsables de actuaciones personales de sus subordinados.