Los medios entregados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son siempre exiguos en este hermoso país llamado España. La historia refleja las dificultades para cumplir con las más importantes misiones asignadas; los resultados demuestran la entrega, sacrificio, tesón, voluntad y servicio de los agentes a los ciudadanos. Ahora bien, si nos retuercen el respaldo legal, esto se va a la mierda de manera rápida, urgente, «a la puta carrera» —con perdón por la expresión—.
Necesitamos apoyo legal. La legislación es complicada de aprender. Hay gente que echa años estudiando para poder representar a los delincuentes o juzgar los presuntos delitos cometidos por esas alimañas. Otros, como nosotros, agentes de la Autoridad, hemos de aprender en apenas 9 meses, 9, y un año de prácticas para conocer la teoría y práctica sobre un montón de articulado; Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Reglamentos,… y un cerro de libros, exámenes, pruebas y prácticas para poder cuidar de los derechos de los ciudadanos. ¿Nos quejamos? Poco, muy poco, porque sabemos la necesidad de aprender las herramientas de trabajo.
Se va a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, que algunos tildan de ley «mordaza», cuando son los primeros en intentar transgredir esa y otras leyes. El legislativo, pactando entre los diferentes grupos, va a «parir» en contra de nosotros. En esta época incierta e incomprensible del año 2021 —era cristiana—, el legislador español actúa presuntamente más a favor de los delincuentes que de los agentes. Quizá esté emponzoñado por algunos delincuentes condenados que habitan en política; puede estar envenenado por compañeros de bancadas afines a los peores delincuentes de la democracia —como los amigotes de ETA, por ejemplo—.
Resulta incomprensible que un servidor público tenga la obligación de llevar un número para poder ser identificado de manera clara por cualquier ciudadano, mientras ese ciudadano ostenta el derecho de ir oculto, incluido el rostro, así como dificultar lo máximo posible su identidad para los agentes. Si ya resulta complicado evitar un presunto delito, entregar facilidades a los delincuentes suena a «chufla», salvo si se es parte o próximo a ellos; en cuyo caso podría ser un término de «colaboración» con la comisión de presuntos delitos.
No contentos con ello, por si fuera poco, ahora pueden grabar nuestras actuaciones, incluido el rostro, y difundirse en redes sociales. Esa revelación de la identidad puede resultar peligrosa, ya que los malos, la banda de hijos de padre desconocido, son aficionados a atacar por la espalda, al descuido, preferiblemente en el hogar de los agentes y familiares. Es decir, además de poner en peligro nuestras actuaciones, volveremos a los tiempos aciagos de no poder ni «tender la ropa fuera de la vivienda» por motivos de seguridad. ¡Ah, como hay que proteger los derechos de los presuntos delincuentes! Pero, ¿quién protege los nuestros? ¡Qué cantidad de trabajo dan a Ricardo —un amigo «maestro armero—!
Hay un punto interesante, muy clarificador: «las manifestaciones espontáneas estarán exentas de comunicación previa». ¡Cojonudo! ¿Quién no recuerda el cierre al paseo peatonal de una calle del municipio de Galapagar? En esa calle, el ministerio del Interior, estableció un dispositivo de seguridad hace un tiempo por la «peligrosidad» del paso de personas con banderas de España; razón tiene que también llevaban algún altavoz con el himno de España. ¿Cuántos altos funcionarios han viajado en Metro y disfrutado de esa música procedente de un teléfono móvil durante el trayecto? Espere, que cuando se baja el joven —habitualmente tocado con una enorme gorra y visera—, sube otro al vagón con idéntico dispositivo y música, salvo la letra, «que no hay Dios que la entienda».
Los legisladores cambian poder por caprichos. Esperen a la siguiente entrega…
