En España existe una tradición muy nuestra, una costumbre ya convertida en fuente del derecho que obliga al condenado en un procedimiento judicial a seguir una serie de pasos obligatorios para intentar en vano deslegitimar una decisión que es justa por definición.
Primero, y si el condenado y sus afines ven venir la condena por ser objetivamente previsible, toca atacar a la otra parte en conflicto para desviar la atención y la responsabilidad. Después, y con el más que justo fracaso de la primera opción, toca intentar deslegitimar al órgano o Tribunal que va a emitir el fallo. Ahí entra de lleno la política a jugar, toca ver si el sujeto enjuiciante tiene algún dato, cuestión o condición que apunte a un sesgo político de diestra o siniestra. Esto suele ser igual de efectivo que lo anterior. Al final, y ya con el acierto dictado, (no lo llamo fallo), viene el proceso de lloriqueo compulsivo, una tentativa inidónea de victimización que ni el propio condenado se cree. Si se agota la vía judicial nacional, entra a jugar los gritos amenazantes de acudir a los Tribunales supranacionales, amenazas que rara vez son ejecutadas, por lo absurdo y la imbecilidad galopante del condenado.
Pues traigamos esta costumbre al caso que nos ocupa. Un Diputado en Cortes, Alberto Rodríguez, más conocido por la “rue” como “el rastas de Podemos”, titular de una marea de privilegios que tanto critica, es juzgado por la comisión de un delito de Atentado a la Autoridad. ¿Los hechos probados? Dar una patada a un miembro de la Policía Nacional en una manifestación. Nítido, clarito, indubitado. Traído al argot callejero: chorizo comete chorizada: al trullo.
Hasta ahí bien. Ahora viene la cara B. Como el delincuente en cuestión pertenece a uno de los Grupos Parlamentarios que sostiene y participa en el Gobierno, los Ministros de su cuerda han salido en tropel a intentar deslegitimar una Sentencia del Tribunal Supremo muy clara. Inaudito que miembros del Gobierno entren a imputar delitos, (prevaricación), al más alto Tribunal español por dictar una sentencia que condena a uno de los suyos. Que Ione Belarra diga que el Supremo ha condenado a un delincuente sin pruebas es equivalente a que el poder Ejecutivo tome por las armas al poder judicial, (aunque está claro que, como es normal, nadie la toma en serio ni como Ministra ni como nada).
Nos gobiernan personas que pretenden estar por encima de la Ley, y no solo eso, aspiran a cambiar las reglas del juego para que ninguno de “los suyos” tenga que rendir cuentas. Al mismo tiempo quieren acabar con cualquier sombra de oposición, fieles al estilo dictatorial bolivariano, del que han mamado desde su creación.
Un Ministro que impute delitos a un Tribunal debería ser automáticamente destituido, previa reprobación.
El delincuente, lejos de Carrera San Gerónimo
