Según las estadísticas oficiales, entre el año 2000 y 2005 se intervinieron cerca de dos centenares de teléfonos (de los 16 del primer año a los 169 del último).
Sin embargo, es a partir de 2006 con 500 terminales incautados, y sobre todo, el 2007 con 1.244 teléfonos intervenidos por los funcionarios de prisiones cuando ha registrado un fuerte incremento hasta ahora, con una media de 1.350 teléfonos móviles por año requisados.
Durante los años 2009 y 2010 se produce un gran incremento de requisa de teléfonos móviles por parte de los funcionarios/as de prisiones, con 1.784 y 1.779 aparatos requisados respectivamente. En el 2019 se produjo el récord histórico de incautaciones con un total de 2.585 teléfonos intervenidos, una media de siete al día, cifra que doblaba el número de los intervenido en el 2007. En 2020 se requisaron 2.186 teléfonos, seis móviles al día, y en los primeros meses de 2021, de enero a abril, se han incautado un total de 698 teléfonos.
APFP ha denunciado la falta de medios materiales con los que cuentan los funcionarios/asde prisiones en la lucha contra el uso de teléfonos móviles por parte de la población reclusa. Se carece de detectores digitales portátiles para la localización de teléfonos móviles, que junto con la inoperatividad para los nuevos sistemas de conexión telefónica (acceso a redes de 4G y 5G -última generación-) de los inhibidores de frecuencias instalados en el interior de los
centros.
APFP quiere agradecer y reconocer el magnífico trabajo diario de los funcionarios/as de prisiones ya que “son el medio más eficaz para evitar su introducción y detectar su uso”. Estamos hablando de que con su incautación estamos dando protección a las víctimas de violencia de género contribuyendo eficazmente en la lucha contra el terrorismo, las bandas organizadas y el narcotráfico, desde el interior de los Establecimientos, contribuyendo con nuestra profesionalidad en nuestro trabajo a la Seguridad del Estado, aunque por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos lo ponga difícil al no dotarnos de los medios materiales necesarios para su incautación, así como de la falta de personal cifrada enmás de
3.000 funcionarios.
El control de internos terroristas, en el ámbito penitenciario, ha sido una de las políticas con
mayores éxitos en la lucha antiterrorista, promovidas por todos los Gobiernos. El informe
balance del director general de ejecución penal y reinserción social de la SGIIPP, en materia
de seguridad y tratamiento, en el primer trimestre de 2021, recoge expresamente que “en las últimas semanas se han producido actuaciones judiciales en el interior de los centros penitenciarios en relación a población que pudiera colaborar con grupos radicalesyihadistas”, en alusión a las seis detenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde diciembre, en colaboración con los funcionarios de prisiones, de presos quep retendían reclutar a otros para adoctrinarlos en el ideario terrorista.
El trabajo actual de los funcionarios/as de prisiones contra el terrorismo radical islamista, se centra principalmente en la responsabilidad de prevenir la preparación de posibles objetivos,
así como la de evitar los procesos de captación o revertir los procesos de reclutamiento ya
iniciados, desde el interior de las prisiones, lo que pone de relieve nuestra importante función
dentro de las políticas de la Seguridad del Estado.
Entre el 1 de enero del año 2000 y el día 30 de abril de 2021 se han incautado 17 teléfonos móviles a internos FIES 3, que integra a todas y cada una de las BANDAS TERRORISTAS. A los internos FIES CE, que integra a presos por RADICALISMO ISLÁMICO y a los del GRUPO B (internos realizan labores proselitismo y radicalización) se le intervino un total de 20 móviles; y a los del GRUPO C (internos vulnerables hacia un proceso de fundamentalización) 32 móviles.
