Jorge Vilas, responsable de prisiones de CSIF y José Ramón López, presidente del sindicato ACAIP-UGT, acompañados por Carlos Álvarez, Secretario Federal del sector AGE de UGT y José Francisco Lama, Secretario de Acción Sindical de CSIF, han comunicado en una rueda de prensa la declaración de conflicto colectivo en el ámbito de Instituciones Penitenciarias.
La situación por parte de esta parte sindical en el marco negocial propio de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias resulta insostenible, la falta de confianza hacia los interlocutores que tienen en la administración penitenciaria les ha llevado a tomar la firme decisión de romper todas las relaciones con la administración.
En los últimos años han asistido a una serie de compromisos incumplidos por parte de los cargos que asumen responsabilidades en la administración penitenciaria.
En el año 2017 el colectivo de empleados de prisiones comenzó un proceso de movilizaciones sin parangón hasta el momento, con el objetivo de alcanzar unas mejoras necesarias para los trabajadores penitenciarios que llevaban más de 10 años paralizadas.
Nada sirvió, los esfuerzos fueron ineficaces, y se vieron en la necesidad de convocar una huelga general en los meses de octubre y noviembre de 2018, si bien, a pesar de la dureza de las movilizaciones, la administración no accedió a abrir la negociación.
Tras la doble cita electoral de 2019 se reactivó la relación entre administración penitenciaria y sindicatos, lo que generó muchas expectativas en el colectivo, más aún con el impulso de una futura Ley de Función Pública Penitenciaria, que recogiera las reivindicaciones de los trabajadores.
Sin embargo, desde febrero de 2021, las negociaciones están totalmente paralizadas.
En otros ámbitos de negociación la relación ha ido degenerando, como ejemplo la instrucción de jornadas y horarios en los que la administración, en un ámbito de su entera competencia, se ha negado a alcanzar un acuerdo.
Son muchos los ejemplos que demuestran una mala fe negocial, la interpretación torticera del acuerdo del baremo para el concurso de traslados, la nula atención que se presta a la Comisión de Igualdad dependiente de la Mesa Delegada con constantes incumplimientos en esta materia, en el proceso de estabilización no se ha tenido en cuenta a la parte social para su desarrollo, en la comisión del seguimiento del protocolo de agresiones se produce una total falta de respeto al colectivo con constantes incumplimientos de este, no se facilita la cobertura jurídica y psicológica del funcionario agredido, no se facilitan los medios coercitivos suficientes ni tampoco adecuados, tampoco prendas de protección, no se califica adecuadamente la gravedad de los daños sufridos por parte de los funcionarios agredidos, entre otros.
La prevención de riesgos laborales también es objeto de controversia, en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, el Grupo de Prevención comenzó a trabajar en un documento que, a iniciativa de la Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración, recogiese todas las necesidades y medidas preventivas que conllevaba trabajar con este nuevo virus.
Otras materias como la finalización del grupo de trabajo de vestuario quedando pendientes cuestiones tan importantes como la cadencia de entrega son claros ejemplos de la manera de trabajar de los interlocutores actuales de la administración penitenciaria.
Por estos motivos, ACAIP-UGT y CSIF declaran el conflicto colectivo en el ámbito de prisiones.
Dentro del calendario de movilizaciones, estas organizaciones sindicales no asistirán a ningún acto convocado con motivo de la festividad de la Merced al que acudan los actuales representantes de la institución que están llevando a la misma a la más absoluta ignominia, no hay nada que celebrar.
Asimismo, anuncian que, coincidiendo con la reunión anual de directores en Cuenca, se celebrará una manifestación en esta ciudad, para hacer partícipe a todos los gestores de la administración penitenciaria de la situación generada y del hartazgo de las plantillas.
