En los primeros siete meses de 2023, alrededor de 750 inmigrantes llegaron a la isla de El Hierro, cifra que, en primera instancia, no representó un problema para una población permanente de 11,000 habitantes. Sin embargo, en apenas dos meses, la situación ha dado un giro dramático con la llegada de 3.000 inmigrantes, equivalente al 27% de la población local. Esta avalancha ha desbordado los recursos de acogida y ha expuesto la falta de medios y personal policial en todas las islas.
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Como resultado, el Ministerio del Interior tuvo que desplegar a la Policía Nacional de forma permanente en la isla a mediados de septiembre. Actualmente, una decena de agentes de Policía Nacional, procedentes de la Comisaría Provincial de Tenerife, están desplegados a diario en El Hierro para ejercer las competencias de fronteras y extranjería. Esta situación excepcional ha sobrepasado completamente la capacidad de respuesta de la isla.
Desde la Confederación Española de Policía –CEP– denuncian lo que creen que es el problema de fondo para los policías nacionales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las funciones que le son propias ante la entrada masiva de inmigrantes en situación irregular en España mediante arribada masiva de cayucos. Una crisis humanitaria a nivel nacional, incluso a nivel europeo, que se está intentando solucionar con recursos materiales y personales a nivel provincial, o incluso local, y cuyo resultado es un desbordamiento es brutal, “tenemos a compañeros trabajando 14 o 15 horas seguidas, sin descansos, con lo cual redunda en un riesgo laboral y de salud claro de ellos, también en una ineficiencia del servicio y en un malestar generalizado”, remarcan desde el sindicato policial.
“No entendemos como la Dirección General de la Policía -DGP- no toma cartas en el asunto y no aporta recursos materiales y personales significativos, hay una Comisaría General de Extranjería y Fronteras, una Comisaría General de Policía Científica, Unidades UIP a nivel nacional, y vemos que se repite la historia como ocurrió en el 2006 y en el 2007, vemos que la DGP sigue actuando al “trancazo”, no vemos que haya habido o que haya una planificación reactiva ante todos estos problemas que intentamos solucionar a nivel provincial o local como podemos los compañeros”, denuncian desde el CEP.
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