El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que dos años después de su adquisición, los inmovilizadores eléctricos conocidos como Taser siguen en un cajón.
Para los representantes de los agentes, la seguridad de policías y ciudadanos no puede depender de la falta de interés de la Dirección General de la Policía. Ven incomprensible que dos años después la compra de mil inmovilizadores eléctricos (TÁSER), ni siquiera están operativos los primeros 150 que anunció la DGP.
Por otro lado, los cursos para instruir a los policías que los emplearán, van con retraso y un número escaso de instructores se encargan de adiestrar a los futuros usuarios de toda España. “Es urgente que se agilice el proceso de entrega a la Policía Nacional de estos dispositivos que ya emplean con éxito otros cuerpos policiales de España para resolver con menor lesividad y más seguridad, incidentes de gran complejidad que se plantean a diario en nuestras calles”, manifestan.
Las Táser cambian de cajón, pero nunca llegan a manos de los policías nacionales. A pesar de que en 2020 la Dirección General de la Policía anunció la compra de un millar de dispositivos en dos tandas, una primera de 600 y la segunda de 400 unidades, dos años después las Táser siguen sin llegar a las unidades de Seguridad Ciudadana a las que estaban destinadas.
Durante todo este tiempo, la DGP rebajó sus expectativas hasta anunciar un primer reparto de 150 unidades porque sólo se había adquirido un número similar de las cámaras de grabación que deben acompañar el uso de los dispositivos electrónicos. Ni siquiera esas 150 están operativas en la actualidad a pesar del coste de la operación que supera los dos millones de euros.
Desde la organización sindical afirman que el mismo camino lleva la puesta en marcha de los cursos para los usuarios de los inmovilizadores. Se ha formado a una cifra insuficiente de instructores para adiestrar a todos los usuarios a pesar del esfuerzo de estos compañeros por impartir todos los cursos presenciales en toda España. Las previsiones de que las primeras Táser estén operativas apuntan como pronto al próximo verano.
Es por ello que el SUP vuelve a denunciar el retraso de casi dos años en el reparto de los dispositivos que van de cajón en cajón sin que finalmente se le dé el uso a esta costosa inversión. “Lo peor es que cuando las primeras Táser lleguen a las unidades operativas será tarde y en un número insuficiente, porque el Ministerio de Interior no adquirió todas las cámaras de grabación que deben acompañar a cada dispositivo, y por el retraso de la DGP en distribuirlos”, advierten.
“Cada día que pasa sin que se haga entrega de estos inmovilizadores eléctricos a la Policía Nacional, aumenta el riesgo para todos. No entendemos el prolongado retraso en el reparto de los dispositivos, quizá debido a razones de índole política por parte del Gobierno para complacer a algunos de sus socios. Entre tanto, se producen a diario situaciones de riesgo en las calles que, con el uso de las Táser, se podrían resolver de forma menos lesiva y más segura, tal y como hacen otros cuerpos policiales que disponen de este equipamiento desde hace tiempo. Desde el SUP exigimos que se agilice el proceso de aprendizaje para los policías, que se adquieran las cámaras suficientes y que se repartan los dispositivos cuanto antes”, denuncian en un comunicado.
