Francisco Javier Benito, presidente de AEGC, y Francisco Larios, vocal del Consejo de la Asociación, se han reunido en la mañana de este miércoles con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que han trasladado una serie de exigencias para mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles y facilitar su función de velar por la seguridad de todos los españoles.
En relación a la ley de personal han vuelto a reclamar al ministro que se termine la discriminación actual para el ingreso en el CNP y en la Guardia Civil. Han recordado que en la Benemérita se sigue pidiendo la ESO y para el ingreso en Policía se pide el Bachillerato, lo que supone un agravio para los componentes de la institución y para los ciudadanos, ya que en función de la zona donde residan serán atendidos por unos funcionarios con mayor cualificación profesional. Además también se ha reclamado a Grande Marlaska la modificación del artículo 93, para que Oficiales y Suboficiales puedan continuar en activo hasta los 65 años. Consideramos un agravio comparativo y un quebranto del principio de igualdad el hecho de las limitaciones impuestas a unas escalas frente a otras.
Francisco Javier Benito y Francisco Larios no han querido olvidar en esta reunión con el responsable de interior la importancia que tiene para la España vaciada la presencia de la Guardia Civil, por eso se le han reclamado un nuevo despliegue territorial que permita ofrecer de verdad una seguridad ciudadana real, con suficientes medios y profesionales, al tiempo que a estos se les respeta la conciliación familiar, algo que en la actualidad difícilmente se da con puestos que apenas llegan a los cinco componentes.
En relación con el despliegue se le ha constatado la existencia de un déficit muy grande en cuanto a los efectivos necesarios para garantizar la seguridad ciudadana, fruto de los años de convocatorias exiguas por la crisis económica. Años en los que no llegaron a cubrir el número de efectivos que se jubilaban ni en un 10%. Un problema que no tienen otros cuerpos policiales como por ejemplo la plantilla de los Mossos que se ha incrementado hasta los 22.000.
En relación al acuerdo de equiparación se le ha vuelto a preguntar al ministro por las alegaciones presentadas y sobre los 300 millones para el personal que quiera reingresar desde la reserva sin destino, de los que seguimos sin saber nada. Además, también le hemos reclamado el cumplimiento del artículo ocho de dicho acuerdo, en el que se proponía la aprobación de una norma para garantizar que no se produzcan nuevos desajustes salariales entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas. En relación a este último punto el ministro nos ha dicho que ya se ha creado una subcomisión en el Senado para estudiar la viabilidad.
Petición de declarar Zona de Especial Singularidad a Cataluña, todo el Campo de Gibraltar y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Uno de los principales motivos para que en estos destinos sea muy difícil conseguir que se completen las plantillas. Nadie quiere ir allí destinado, más riesgo, más penosidad laboral y más trabajo por la misma retribución. El ministro ha asegurado que están estudiando como solucionar el problema pero que en todo caso no será igual para todos no tienen el mismo problema.
Marlaska ha anunciado que en relación al Campo de Gibraltar se busca solución para los destinados en toda la comarca que engloba las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva. Es decir que nadie quedaría excluido.
Francisco Javier Benito y Francisco Larios han vuelto a reclamar al máximo responsable de interior el cambio de consideración para los guardias civiles de agente de la autoridad a autoridad. Los representantes han trasladado su preocupación por el incremento de las agresiones a los guardias civiles. Creen que una de las razones que dan lugar a esta tendencia son las ridículas sanciones que se imponen por estos hechos, por lo que consideramos urgente la aprobación de una modificación del Código Penal para que en caso de agresión durante el servicio los guardias civiles estos tengan la condición de autoridad.
En relación a la seguridad de los propios agentes también se le ha vuelto a reclamar al ministro un seguro de responsabilidad civil. Ocho años llevamos pidiéndolo y seguimos sin el. “Somos el único sector de la Administración General del Estado que carece del mismo”. “Marlaska ha asegurado que están en ello pero que no encuentran ninguna compañía que quiera hacerse cargo de los costes que les supondría, por ello buscan soluciones alternativa”. Una de las que barajan es que sea la Dirección General de la Guardia Civil la que agilice los pagos a los agentes que hayan tenido que hacer frente a una indemnización y en la que la Dirección haya sido declarada como responsable subsidiaria.
En la reunión los representantes de AEGC también han reclamado al ministro del Interior la actualización de las dietas que perciben los guardias civiles cuando, por comisiones de servicio, se ven obligados a marchar de su lugar de residencia. Desde el 2008 no se actualizan, mientras que la carestía de la vida, el IPC, ha ido incrementándose año a año, en total un 20,4%. 24€ para sobrevivir un día entero: desayunando, comiendo y cenando. Un tema en el que Marlaska ha reconocido que lo estudiaran con prioridad por el desfase creado.
Han aprovechado la reunión para trasladar al ministro del Interior el malestar y la incertidumbre que ha creado entre los guardias civiles la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Consideramos que con esta modificación podría verse mas menoscabado el principio de autoridad, además de ser discriminatorio: se permite la grabación de intervenciones a los ciudadanos, al tiempo que se nos niega esta posibilidad a nosotros. También se dificulta nuestra labor de seguridad ciudadana con los cambios en las identificaciones. Dado el despliegue territorial de la Guardia Civil estas pueden ser necesarias en puntos muy alejados de los acuartelamientos con capacidad para realizarlas”.
Le han trasladado el malestar que ha generado el cambio en la consideración de los atestados policiales que han perdido su presunción de veracidad. En la norma se cita que los hechos contenidos en los mismos deben ser coherentes, lógicos y razonables, por lo que se da a entender que los atestados policiales no reúnen estos requisitos, algo totalmente fuera de lugar.
Desde AEGC esperan que este encuentro sirva para que se comiencen a dar desde el Ministerio del Interior los pasos necesarios para dar respuesta a las necesidades de los guardias civiles y mejorar así la calidad del servicio público que damos a una parte importante de la población. Puede que sea la España vaciada, pero AEGC considera que tiene el mismo derecho que el resto de la ciudadanía a vivir en seguridad.
