El nivel de peligrosidad y violencia de los narcotraficantes ha escalado y en los alijos se encuentran ya de forma habitual armas de guerra. Ante esta situación, JUCIL reclama que los agentes puedan emplear este tipo de armas, almacenadas en los armeros oficiales de las compañías.
JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha alzado su voz una vez más ante el preocupante aumento de la actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas a gran escala en el Campo de Gibraltar y otras provincias del litoral andaluz. La organización ha exigido, a través de un escrito a la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), que se dote a las patrullas de seguridad ciudadana de los medios necesarios para afrontar los nuevos desafíos que plantea la creciente peligrosidad de las organizaciones criminales que operan en la zona.
Un año después del asesinato de dos guardias civiles víctimas de un ataque con narcolancha en Barbate (Cádiz), las cosas no sólo no han mejorado, sino que la situación es insostenible y la violencia ha escalado a una velocidad vertiginosa. En las últimas semanas, Andalucía ha sido testigo del atropello de varios guardias civiles en Cádiz y Málaga (Manilva); del fallecimiento de dos presuntos delincuentes en el mar mientras realizaban actividades ilegales; se han avistado multitud de ‘petaqueros’ y narcolanchas en toda la costa y por el río Guadalquivir; efectivos del cuerpo han sufrido atentados contra sus bienes personales, como el incendio del vehículo de un agente en Adra (Almería); y miembros de las organizaciones criminales protegiendo un alijo con AK-47 (kalashnikov).
Por todo ello, JUCIL ha denunciado que, a pesar de que el Ministerio del Interior ha prorrogado el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar hasta el 31 de diciembre de 2025, y de que el IV Plan Especial de Seguridad reconoce la necesidad de adaptar los medios a los nuevos desafíos, los agentes de seguridad ciudadana siguen sin disponer de las armas largas que se encuentran almacenadas en los armeros oficiales de las compañías.
La asociación recuerda que el fiscal jefe de la provincia de Cádiz, Ángel Núñez Sánchez, ha reconocido públicamente la presencia de mafias de los Balcanes operando en la costa gaditana y ha denunciado la falta de medios personales y materiales para combatir el narcotráfico, que cada vez es más violento y utiliza armas de guerra.
Ante esta situación, JUCIL solicita que se implementen mecanismos que permitan la rápida movilización de un equipo de apoyo en caso de producirse situaciones de riesgo, garantizando la presencia de al menos una patrulla debidamente equipada con todos los medios necesarios, incluyendo armas largas y vehículos todo terreno, en cada uno de los núcleos operativos con mayor incidencia.
Asimismo, la asociación exige que se dote a las patrullas de seguridad ciudadana que operan en la zona costera de Huelva, Cádiz y el Campo de Gibraltar de todos los materiales tecnológicos y de seguridad disponibles para la lucha contra este tipo de criminalidad.
JUCIL subraya que su petición se fundamenta en la necesidad de cumplir con las normativas vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales y garantizar la seguridad de los agentes, así como en la necesidad de mejorar la eficacia de la lucha contra el narcotráfico en la zona.
En esta línea, manifiesta su disposición a colaborar activamente en la optimización de los protocolos de seguridad y reitera que su único objetivo es contribuir a la protección de los agentes y al servicio que prestan a la ciudadanía.
Desde Jucil recuerdan lo que vienen reclamando para una lucha efectiva contra el narcotráfico:
- Renovación inmediata de la flota marítima con embarcaciones a la altura de las que utilizan los narcotraficantes.
- Mayor dotación de medios terrestres acordes y personales para frenar el crimen organizado en la provincia.
- La creación de un juzgado especializado en narcotráfico en Cádiz para agilizar los procedimientos y garantizar que los detenidos no queden en libertad por retrasos judiciales.
- La declaración de ZES (zona de especial singularidad) para todo el litoral andaluz.
- La recuperación del OCON-Sur, un grupo de élite especializado en narcotráfico que fue desmantelado sin justificación.
- La tipificación del delito de petaqueo, cuya proposición de ley ha sido aprobada por el Senado y debe pasar al Congreso de forma urgente.
