Estaba cantado. Ya lo decía antes la fiscalía en Cataluña con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario “un tercer grado encubierto”. Ahora ya una LIBERTAD ENCUBIERTA aprobada por el Gobierno de la Generalitat a propuesta de las juntas de tratamiento penitenciario de las prisiones catalanas, donde hasta hoy se encontraban cumpliendo los golpistas la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Recordemos condenados a penas de entre 9 a 13 años de prisión.
Es una nueva burla al Estado de Derecho que unos golpistas condenados por sedición y malversación de fondos públicos puedan salir en libertad, aunque ficticiamente se denomine semilibertad, después de un intento de Golpe de Estado poniendo en jaque a toda la nación española. Conceder el tercer grado a estos más que sediciosos, rebeldes, autoritarios y fascistas, constituye una humillación a la legalidad vigente y un fraude de ley, mientras el resto de los presos condenados a penas muy inferiores tengan que esperar al menos mayoritariamente a cumplir la mitad de las mismas para tratar de obtener dicha graduación.
Nadie, digo nadie, que respete la libertad y, por ende, la democracia expresada por el pueblo, puede entender que unos políticos golpistas puedan ser puestos en libertad sin cumplir mucho menos que el mínimo legalmente establecido.
Esto debe solucionarlo el Tribunal Supremo o se acabó el Estado de Derecho. La legalidad democrática ha sido violada y su principio de igualdad flagrantemente conculcado. Pero, el TS tiene la última palabra para reponerla y reparar la afrenta al Estado Español, dando por hecho que la Fiscalía recurrirá dicha resolución ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en su caso, ante el Alto Tribunal, que en su momento advirtió que se incurriría en responsabilidad si los golpistas fueran puestos en libertad bajo la burda excusa del confinamiento. Los golpistas del 23-F, aunque no todos, pagaron judicialmente por su intentona.
En efecto, se están conculcando los principios de nuestra democracia, los principios que sustentan el orden constitucional, los principios que amparan los derechos y libertades de un estado democrático. Los propios derechos humanos que defienden la libertad e igualdad del hombre ante la ley ¿Cómo es posible? No existen normas jurídicas, ni tampoco criterios humanitarios, que permitan al resto de los presos disfrutar de esa libertad con tan solo cumplir ni siquiera un tercio de su condena. Algunos me dirán, el Reglamento Penitenciario genéricamente lo contempla, pero a “esos” les digo, exteriorícenme ejemplos. No digamos a condenados que han tratado de subvertir la unidad de España, propiciando una grave revuelta que pudo terminar en un enfrentamiento armado y sangriento como ya sucedió en otros tiempos.
Pero, recordemos que la libertad de los golpistas ha sido consecuencia del traspaso en su día de las competencias estatales en materia penitenciaria a Cataluña, la única que las tiene concedidas desde el año 1983, aunque también hoy del traslado intencionado a las prisiones de su comunidad autónoma y su “custodia”, a pesar de que el presidente de la Generalitat ya advirtió al día siguiente de hacerse pública la sentencia que los pondría en libertad de forma inmediata. Es más que evidente que el principio de legalidad e igualdad ha sido desvirtuado e infringido por órdenes políticas consensuadas para sacar de prisión a unos más que peligrosos delincuentes que nunca acataron la voluntad soberana del pueblo español. A tal respecto, deberíamos reflexionar sobre esos traspasos de competencias que constituyen el pago de favores y/o apoyos políticos que finalmente crean inestabilidad para la unidad del Estado, además de una más que evidente desigualdad.
El gobierno de la Generalitat aprobó el tercer grado en un plazo récord de dos semanas, y sus juntas de tratamiento lo aplicaron de forma inmediata, mientras en ese momento se desentendía de la desastrosa gestión de la crisis sanitaria, aunque, curiosamente, días más tarde adoptó el confinamiento casi generalizado de parte de su población, seguramente como maniobra de tratar de tapar el hachazo al principio de igualdad ante la ley tan denostado. Que se lo pregunten al resto de los presos, que aún cumpliendo la mitad de su condena no acceden al tercer grado, habiéndose arrepentido, abonado su responsabilidad civil a la que han sido condenados, además ¡ claro está! de cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento Penitenciario. Muchos ejemplos puedo explicitar ¡Ya lo creo! Ha sido una ignominia al pueblo español y un insulto al Tribunal sentenciador. Al poder judicial, que afecta gravemente a la separación de poderes. Qué barato sale cometer delitos tan graves, ser condenados en sentencia firme, tener un trato más que privilegiado en prisión y fuera de ella con la aplicación del art. 100.2 RP, y ahora acceder al tercer grado, que con pulsera u otros medios se eleva al máximo de la libertad. Gratis les ha salido y con ganas de repetir. Al tiempo.
Ante esta situación, hay que preguntarse qué pensarán los catalanes y demás españoles fieles a la Constitución, a la legalidad, a la libertad, a la democracia, al Estado de Derecho, a la voluntad soberana del pueblo español, que siempre han defendido su españolidad, su ciudadanía española, cuando los sediciosos no solo gozan de la impunidad institucional por sus graves delitos e incluso proclaman que lo volverán a intentar, sino que van a ser homenajeados con todo tipo de honores. Mientras, Francia, un estado defensor de los principios constitucionales, acaba de anunciar un proyecto de Ley para legislar contra los separatistas, y así reafirmar la identidad de la nación. Todavía, estamos a tiempo Sr. Presidente. Hay mucho que objetar como diría Cervantes, héroe de la libertad, que nunca liberaría a esos malhechores antes de tiempo.
Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado
