Esta mañana, los funcionarios de prisiones se han concentrado frente al Ministerio del Interior en el paseo de la Castellana de Madrid para pedir el cese del director de la prisión de Madrid III (Valdemoro) por la gestión del centro y la criminalización de sus trabajadores.
Los sindicatos ACAIP-UGT, APFP, CCOO y CSIF han pedido al ministro Fernando Grande Marlaska la destitución del centro penitenciario de Madrid por lo que, entienden, un atropello a los derechos fundamentales de los trabajadores.
El pasado año en el marco de la Operación Orión, nueve funcionarios de prisiones fueron detenidos por introducción de sustancias prohibidas en los centros de Madrid III y Madrid IV, consecuencia de ello, tres trabajadores sufrieron prisión preventiva.
Sin embargo, durante la instrucción, la juez encargada del caso, la decana Doña Concepción Azuara, tras interrogar a los testigos protegidos decretó la libertad después de 4 meses. Según el auto de sobreseimiento, no queda acreditado el delito del que se les acusa.
Los testigos, presentados por la dirección del centro, no sólo negaron haber acusado a los funcionarios de prisiones de introducir mochilas de móviles y droga, sino que además acusan a la Guardia Civil de “poner en su boca palabras que no han dicho”, niegan haber hecho declaraciones, o asegurar que “hicieron una aportación a una cuenta bancaria para colaborar con la Guardia Civil”.
La propia Juez se llega a preguntar: ¿Dónde está la cámara oculta, aquí?.
Desde Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Interior se dio mucha publicidad a la operación Orión y sus detenciones, sin embargo, los trabajadores echan de menos ese mismo interés publicitario una vez se ha archivado la causa contra ellos.
El daño moral y psicológico sufrido tiene difícil reparación, máxime si desde la propia institución no se limpia la imagen de los trabajadores injustamente tratados.
Ante la criminalización del colectivo y el continuo ataque a los trabajadores por parte de José Luis de la Iglesia, director de la prisión de Valdemoro, los sindicatos convocantes han querido mostrar su malestar ante el máximo responsable del Ministerio del Interior, reclamando que se investigue que hay detrás de la operación Orión y por qué desde la dirección se señaló a profesionales, cuestionando su honorabilidad cuando en sede judicial ha quedado demostrado que no había causa. Además de exigir responsabilidades por la presunta violación de derechos fundamentales y el cese del director del centro Penitenciario de Madrid III.
